La mayoría de edad se redujo de 21 a 18 años

El Senado de la Nación convirtió en ley la reducción de la mayoría de edad de 21 a 18
años al aprobar por una amplia mayoría el proyecto que contaba con media sanción de Diputados.

De este modo, la Cámara alta respaldó la iniciativa del legislador socialista Rubén Giustiniani, que había sido presentada en el año 2005 y que había sido devuelta con modificaciones de Diputados.

Giustiniani celebró la modificación del Código Civil que le permitirá a casi 2 millones de jóvenes de entre 18 y 20 años ejercer plenos derechos en materia civil y comercial.

Como excepción, los padres o tutores deberán continuar con la manutención de los hijos y su obra social hasta cumplir los 21 años. "La reducción de la mayoría de edad de los 21 a los 18 años era una deuda del Parlamento con los jóvenes argentinos. El contexto
actual permite que los jóvenes se incorporen más tempranamente a la vida activa, realidad que confronta con una legislación anacrónica que impide a los menores de 21 años ejercer plenos derechos en materia civil y comercial", sostuvo.

La modificación del Código Civil permitirá a los jóvenes, entre otros beneficios, tramitar documentos, firmar contratos, encarar emprendimientos comerciales y casarse a los 18 años sin autorización de sus padres.

La reducción de mayoría de edad se había transformado desde la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 en un incumplimiento constitucional que debía ser subsanado, ya que según la Convención de los Derechos del Niño -aprobada por nuestro
país- determina que el límite temporal para considerar a una persona como un niño son los 18 años.

"Además, se corresponde con la opinión de la doctrina más moderna, los tratados internacionales y la legislación de países como España, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Perú, y los países que integran el Mercosur", señaló un comunicado de prensa.

La reducción de la mayoría de edad, sin embargo, algunos efectos jurídicos no deseados, ya que al cesar la patria potestad a dicha edad se extinguiría la obligación alimentaria de los padres y las obligaciones en materia de previsión social.

Por lo tanto, se plantea como excepción que éstas se extiendan hasta los 21 años.
De este modo, un importante número de jóvenes mayores de 18 años que aún viven con sus padres, porque se encuentran afectados por el flagelo del desempleo o porque continúan estudiando y no trabajan, seguirán contando con tales beneficios.