Chaco: condenan a represores a penas de 15 y 25 años de cárcel

En coincidencia con un nuevo aniversario de la "Masacre de Margarita Belén", el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este lunes a penas de 15 y 25 años de prisión a diez policías y dos militares por 80 crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1979 en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco.

Con enorme expectativa dentro y fuera de la sala acusadora, donde se congregaron familiares de las víctimas, funcionarios y miembros de organizaciones sociales, políticas, barriales y de derechos humanos, el presidente del tribunal, Víctor Alonso, leyó la parte resolutiva de la sentencia contra los doce represores imputados.

El TOF, también integrado por el juez misionero Alberto Jesús Moreira y la jueza correntina Lucrecia Rojas de Badaró, decidió condenar a 25 años de prisión a los ex policías Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, Lucio Caballero, José Marín (alias "Cabo Sotelo"), Ramón Meza, Oscar Galarza, Francisco Alvarez y Rubén Roldán.

La misma condena recibieron los militares José Tadeo Luis Bettolli y Luis Patetta, mientras que los policías Enzo Breard y Ramón Gandola fueron condenados a 15 años de cárcel.

Los imputados fueron hallados culpables de "tormentos agravados por la situación de perseguidos políticos de las víctimas" y se dispuso su traslado a la Unidad Penitenciaria 7 de la capital chaqueña.

"Estamos muy conformes porque se condenó a todos los imputados por todos los hechos denunciados, con las penas máximas según la escala penal vigente", dijo a DyN el abogado querellante Mario Bosch, aunque aclaró que "si se pusiera la escala según el sistema de concurso real, a algunos les correspondería hasta 375 años".

Cada una de las condenas fue festejada con aplausos y abrazos por quienes se congregaron frente a la sede tribunalicia, ubicada frente a la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, a quienes luego se sumaron la diputada nacional Graciela De la Rosa y los ministros de Gobierno y de Desarrollo Social del Chaco, Manuel Pedrini y Beatriz Bogado, tras seguir las instancias de la sentencia desde el interior de la sala.

"El camino de la impunidad fue muy largo porque hubo muchos sectores del Poder Judicial y del económico que fueron cómplices de estos delitos", aseveró el diputado chaqueño por Libres del Sur Carlos Martínez, para quien "en este juicio sólo se condenó al brazo ejecutor del plan de exterminio que tan acabadamente había elucidado la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial allá por 1984, cuando los genocidas aún caminaban por la calle".

En este sentido, Bosch lamentó que "por tantos años de impunidad muchos imputados fallecieron" y aseveró que "acá debería haber más de 30 enjuiciados, entre ellos el ex fiscal federal (Carlos) Flores Leyes, quien era cómplice y asistía y participaba en las torturas, pero lamentablemente se murió sin ser juzgado".

Flores Leyes falleció el pasado 24 de abril en un sanatorio cordobés, a sólo doce días del inicio de este juicio -por la "Causa Caballero"- que lo tenía como uno de sus procesados debido a su supuesta complicidad en la comisión de los delitos, ya que entre 1974 y 1992 se desempeñó como secretario penal del Juzgado Federal de Primera Instancia y luego fue promovido a fiscal federal.

Este cargo lo desempeñó hasta marzo de 2008, cuando renunció para evitar el Jury de Enjuiciamiento que había recibido un informe de la Procuración General de la Nación para promover su destitución.

El abogado querellante también destacó el hecho de que la sentencia contra los doce represores en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia haya coincidido con el 34 aniversario de la "Masacre de Margarita Belén". Por ello se organizó una caravana de automóviles hasta el monumento en honor a las 22 víctimas, principalmente militantes montoneros, asesinados en la madrugada del 13 de diciembre de 1976.

"A nivel nacional es más conocida la causa de Margarita Belén pero este juicio no es menos importante, porque la Brigada de Investigaciones del Chaco fue el principal centro de detención clandestino de todo el Nordeste y el epicentro de la planificación genocida en la zona", aseveró el abogado querellante.

Bosch dijo además que el desarrollo del juicio abrirá las puertas a nuevas causas judiciales, ya que por el funcionamiento de este centro clandestino se sospecha la desaparición de al menos 12 militantes políticos durante los '70, mientras que las organizaciones de derechos humanos cuentan con un listado de unos 60 supuestos represores no imputados hasta ahora.

La posibilidad de un segundo juicio por la "Causa Caballero" se sustenta en el hecho de que durante el proceso se juzgaron un total de 80 hechos en relación a 27 víctimas, cuando se sospecha que fueron cientos los detenidos políticos que pasaron por la ex sede policial, ubicada frente a la plaza central de Resistencia.

En febrero de 2008, el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó excavaciones en la ex sede de la Brigada de Investigaciones, que actualmente alberga al Museo de la Memoria del Chaco, y confirmó la existencia de dos sótanos de torturas y de restos de picanas y armas de fuego enterradas en el lugar.