¿Habrá precios cuidados en la telefonía celular?

Diputados del Frente para la Victoria presentaron un proyecto para declarar a la telefonía móvil como servicio público, a través de un marco regulatorio que, entre otras cuestiones, impide a las empresas implementar ajustes automáticos de tarifas y se le garantiza al usuario la posibilidad de rescindir el contrato.

La iniciativa fue presentada por los diputados Adriana Puigross y Herman Avoscan, la secretaria de la mesa nacional del Frente Grande, María José Lubertino, y el coordinador del proyecto nacional de Seguridad Informática, Ariel Garbarz, en una conferencia de prensa que ofrecieron en el Salón "José Luis Cabezas" de la Cámara baja.

El proyecto designa a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) como autoridad competente para fiscalizar y garantizar servicios confiables "que cumplan con las características de continuidad, regularidad y uniformidad", impide aumentos automáticos de tarifas, y rescindir el contrato sin tener penalidades.

Los legisladores dijeron que para la elaboración de esta iniciativa se realizaron consultas con integrantes del Poder Ejecutivo y con otros diputados del oficialismo y que el objetivo es "defender los intereses de los usuarios".

Puigross afirmó la telefonía móvil se convirtió en "un servicio tan esencial como tortuoso", y así "lo demuestran las estadísticas dado que gran parte de los reclamos registrados en las oficinas de defensa del consumidor se relacionan con el servicio de telefonía móvil".

"Por eso estamos planteando que este servicio debe ser considerado público y tener un marco regulatorio como estamos proponiendo en esta ley", indicó la legisladora oficialista.

Avoscan, que es vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones, señaló que para elaborar esta iniciativa se "conversó con otros diputados" del Frente para la Victoria y con miembros del Poder Ejecutivo.

En tanto, Garbarz señaló que "las empresas hoy tienen hacer inversiones porque tienen 4.000 celulares por antena cuando deberían tener 2.000, tener una rentabilidad razonable, es decir en los mismos niveles que tienen otras empresas en otros países del mundo".

A su vez, Lubertino señaló que este proyecto establece "un marco legal para cubrir el vacío que dejo el menemismo" y para evitar que los "ciudadanos seamos siendo víctimas de abuso por parte de las empresas de telefonía celular y para que se reglamente una prestación básica obligatoria".

El proyecto declara "servicio público al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades" y deriva en el Poder Ejecutivo la reglamentación de la prestación básica obligatoria, que "deberá ser brindada en condiciones de igualdad a toda persona mayor de 18 años".

La iniciativa establece que será uno de los objetivos de la política regulatoria de la telefonía móvil fijar "tarifas máximas que resulten justas y razonables en relación con el servicio prestado, y teniendo en cuenta el costo de la prestación y el derecho de las empresas a una utilidad razonable similar a la obtenida internacionalmente por tales servicios".

Además se prohíbe el ajuste automático de las tarifas y se prohíbe establecer penalidades cuando el usuario quiere rescindir este servicio.