Suben a 25 años la condena a Bignone

La Cámara Federal de Casación Penal elevó de 15 a 25 años la condena al represor Reynaldo Bignone, el último presidente de facto de la dictadura cívico-militar, impuso la misma pena sobre el exjefe de la Armada Rubén Oscar Franco y ratificó otras ocho condenas en el marco de la investigación sobre el plan sistemático de robo de bebés.

Con la firma de los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky el tribunal se pronunció así respecto de la apropiación de 31 bebés durante la última dictadura, que llegó en apelación a la Sala III de la Cámara.

Los jueces revocaron además la absolución del expolicía Juan Ruffo, y le fijó una pena de 14 años de cárcel como acusado de ser partícipe en un operativo que terminó con la apropiación de un niño luego dado en adopción.

La condena contra Bignone fue impuesta por el Tribunal Oral Federal 6 en julio de 2012 a 15 años de prisión; y también al fallecido Jorge Videla a 50 años, a Antonio Vañek a 40, a Jorge Acosta a 30 años, a Santiago Riveros a 20 años, a Juan Azic a 14, a Jorge Luis Magnacco a 10 años, a Víctor Gallo a 15 años, y a Susana Colombo a 5.

Tras las condenas, el fiscal ante la Casación Ricardo Weschler, y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo pidieron que se incrementen las penas y se revocara las absoluciones de Franco y Ruffo.

Ahora, la Casación sostuvo que existió una "práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad, en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres".

Entre la treintena de casos de bebés apropiados están los de los actuales diputados Juan Cabandié y Victoria Donda.

Los jueces indicaron que esos delitos se cometieron en el marco de "un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir a la subversión, implementando métodos de terrorismo de estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura".

En ese sentido, dieron por probado que se montaron en los distintos centros clandestinos "maternidades clandestinas", tales como en el denominado "Pozo de Banfield", la Comisaría 5 de La Plata, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), en los hospitales Militar de Campo de Mayo, en el "Club Atlético" y el "Olimpo", entre muchos otros.

Sobre el expresidente de facto Bignone, los jueces concluyeron que el represor "conocía la existencia de mujeres embarazadas entre las personas que se encontraban detenidas ilegalmente".

Además, los jueces replicaron uno de los argumentos de la defensa de Bignone mostrándose ajeno a los hechos a raíz de una carta de felicitaciones que le envió el entonces presidente de los Estado Unidos Ronald Reagan.

En ese sentido, advirtieron que la misiva debe entenderse "dentro del contexto formal de relaciones protocolares entre un estado y otro y vinculada con la transición hacia la democracia, sin otras implicancias".

Por otra parte, los jueces recalcaron que fue Bignone quien dictó la ley 22.924 de "autoamnistía" mediante la cual se pretendía evitar "que los responsables respondan penalmente por los delitos cometidos, constituyendo un factor sustancial para impedir que los familiares de niños desaparecidos recobraran su identidad".

Al tiempo que confirmó y elevó otras condenas contra los acusados, los jueces rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Vañek, Acosta, Riveros, Bignone y Magnacco.