Por culpa de una rifa, Chascomús podría quebrar

El municipio quedaría al borde de la quiebra si la Corte Suprema ratifica el fallo en el pleito legal que llevan desde hacer casi 20 años dos mujeres poseedoras del cartón ganador de una rifa que sorteaba un campo sojero. La indemnización se calculó en más de 100 millones de pesos.
Jueves 29 de mayo de 2014
Esta increíble historia se remonta al año 1995, cuando Sonia Della Vedova de Godoy y Clorinda del Carmen Gallego de Sandoni compraron un cartón de 700 pesos (entonces dólares) para participar de una rifa que sorteaba un campo sojero de 327 hectáreas en Chascomús.

El sorteo fue organizado por tres escuelas rurales con autorización del Concejo Deliberante y el campo se suponía, propiedad de una empresa contratada para llevar adelante la rifa.

Sonia y Clorinda ganaron el sorteo, pero nunca pudieron hacerse cargo del campo porque la empresa sólo tenía un boleto de compra del inmueble pero no lo pudo escriturar porque la propiedad, que estaba hipotecada.

A raíz de la imposibilidad de hacerse con el premio, las dos mujeres denunciaron en 1998 ante el Juzgado Civil y comercial número 27 a las cooperadoras, a la Provincia y a la empresa.

En una primera instancia, todos los acusados fueron condenados a resarcir a las ganadoras, pero la Justicia hizo responsable a la Municipalidad de Chascomús de forma integral por la irregularidad y la condena al pago de los daños y perjuicios y el lucro cesante.

La indemnización se calculó en 15 mil dólares por hectárea, más el retraso de la entrega del premio, lo que da una suma total de más de 100 millones de pesos.

El fallo fue ratificado por la Cámara y la Suprema Corte bonaerense y ahora está en evaluación del máximo tribunal que si ratifica el fallo, obligaría a Chascomús a pagar esa cifra exorbitante para un municipio que tiene un presupuesto anual de 250 millones.

Las autoridades comunales apelaron la sentencia a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ven casi imposible revertir los fallos, y menos aún cumplir con la indemnización, lo cual pone al municipio al borde de la quiebra.

El terreno está valuado en la actualidad en casi 4,5 millones de dólares, y mientras se sucedían uno tras otro los problemas con la escritura, la propiedad fue a remate judicial y ahora tiene dueño.