El camino a un modelo tecnológico soberano

Lunes 2 de junio de 2014

Desde el Gobierno nacional se ha dejado en claro que su modelo económico de desarrollo con inclusión local se basa en una estrategia de dos cabezas: reindustrialización y sustitución de importaciones. En esa dirección se han implementado políticas de fomento a las distintas ramas de la industria (desde subsidios directos hasta regímenes de exención tributaria) y también de creación de empleo (que han determinado la generación de más de seis millones de puestos de trabajo al cabo de poco más de una década).

Los resultados de esta gestión están a la vista: una vigorosa reactivación de la industria nacional, reflejada en consumos superlativos de energía y récords de producción y exportaciones, y la reducción de las tasas de desempleo en casi 30 puntos, desde 2001 a la fecha, acompañada de una recuperación del poder adquisitivo de los salarios que se acerca a las pautas distributivas anteriores al golpe de Estado de 1976. Estos indicadores, cabe señalar, se han sostenido aún en un marco global de crisis económica y financiera de la que aún luchan por salir países antes considerados “modelo”, tanto en el Nuevo como en el Viejo Mundo.

Una industria naciente
En este proceso de reindustrialización, ha jugado un papel importante el sector del de software, sin dudas, el sector más representativo de la reconfiguración del orden económico mundial, que tradicionalmente asignaba a nuestro país el rol de exportador de productos primarios, sin mayor valor agregado, en particular, alimentos: carnes y granos.

La Sociedad de la Información y el Conocimiento trajo consigo, entre otros muchos cambios, la posibilidad de que aquellos países con una población capacitada con excelencia –entre los cuales se cuenta Argentina, gracias a la educación impartida por la universidad nacional, pública y gratuita, a pesar de la erosiva acción de los gobiernos privatizadores, desde la dictadura hasta 2003- pudieran dar un paso al frente y aprovechar ese fértil sustrato compuesto por decenas de miles de estudiantes, graduados, técnicos, profesionales de distintas disciplinas, orientando esa energía social a la producción de conocimiento, clave para la generación de riqueza en la nueva economía de la Era Digital.

Así, el modelo de país productor de “commodities” quedaba definitivamente relegado frente al nuevo escenario de una Argentina a la vanguardia de de la innovación científico-tecnológica la región. La agregación de valor a los productos tradicionales de nuestra economía, desde las carnes a los granos, pero también los minerales e hidrocarburos, o cualquier otra materia prima, pasó a ser el factor determinante de la reconversión propuesta: un modelo de desarrollo sostenible y sustentable, a partir del cual fuera posible la redistribución de la riqueza con el objetivo de incluir a los 40 millones de argentinos.

Ahora bien, este escenario, que permitió la repatriación de 1089 científicos hasta la fecha, la apertura de centenares de Pymes y Cooperativas de base tecnológica, la inserción laboral de miles de jóvenes egresados de carreras técnicas cuya única salida apenas 15 años atrás era Ezeiza, tiene algunas aristas que debemos detenernos a analizar, para evitar que en el futuro, lo que consideramos alhajas se conviertan en espejitos de colores. En efecto, merece una especial consideración el concepto de “industria nacional” cuando se aplica al sector tecnológico, dado que no estamos hablando de lo mismo cuando nos referimos a una empresa subsidiaria de una multinacional cuya casa matriz está en Silicon Valley, que cuando nos referimos a una empresa constituida por capitales nacionales, cuyas ganancias se reinvierten en el país y cuyos trabajadores están registrados ante el fisco argentino, que percibe las cargas tributarias, previsionales y de seguridad social correspondientes. Mientras que la primera es una simple distribuidora de tecnologías desarrolladas por una industria extranjera, que resguarda celosamente sus productos (sistemas y aplicativos de uso generalizado en la empresa, en el hogar, en la administración pública) bajo leyes de copyright que le aseguran el usufructo exclusivo de su explotación comercial basada en el cobro de royalties por la venta de licencias (meros derechos de uso), la segunda es la verdadera expresión del esfuerzo que implica el término “ingeniería”: la generación de soluciones novedosas a partir de la aplicación de la propia inteligencia y los conocimientos acumulados previamente, incluso por las generaciones precedentes.

En otras palabras, las representaciones locales de corporaciones informáticas basadas Norteamérica o Europa no son otra cosa que una nueva modalidad de la ya conocida transferencia de riquezas desde la “periferia” a los “países centrales” –usando una nomenclatura hoy casi perimida-, que pretende perpetuar el esquema de dependencia que ha sometido por siglos a las economías “subdesarrolladas”, hoy consideradas “emergentes”. Y en este sentido, es saludable ver el ejemplo de los países “emergentes” que constituyen el flamante BRICS, bloque que se posiciona como protagonista de la nueva configuración multipolar del mundo y la economía globalizada. A poco andar, nos daremos cuenta de que tanto Brasil, como Rusia, como China han optado claramente por una política de desarrollo tecnológico basada en el uso de estándares libres y abiertos, es decir, “software libre”, según la definición más divulgada, que, muy resumidamente, no se basa en su gratuidad –como generalmente se cree- sino en la libertad de acceso al código, y de su uso para cualquier fin: estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo, ya sea a título gratuito u oneroso.

El camino hacia la Soberanía Tecnológica
La opción por el software libre – tendencia que se verifica e n todo el mundo, en gobiernos, empresas e instituciones educativas- cobró especial relevancia luego de que el arrepentido agente de la National Securuty Agency, Edward Snowden, revelara cómo funciona la maquinaria de espionaje masivo en Internet, dispuesta por los Estados Unidos a partir de la sanción de la “Patriot Act”, y por la cual toda empresa que maneje contenidos o plataformas digitales deben permitir el monitoreo de los datos que circulan o están almacenados en servidores.

Frente a este inédita intrusión en las comunicaciones globales, que constituye una vulneración de los derechos soberanos de los países, los gobiernos del mundo entero reaccionaron indignados, tomando medidas para resguardar su soberanía tecnológica. Durante la cumbre del MERCOSUR celebrada en julio de 2013 en Uruguay, los presidentes de la República Argentina, Cristina Fernández, de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales; de la República Oriental del Uruguay, José Mujica; y de la República Bolivariana de Venezuela, rubricaron la Declaración de Montevideo, que establece un hito en la defensa de la soberanía tecnológica de los países miembros del bloque. Al respecto, en el punto 45, los presidentes del MERCOSUR declaran su voluntad de “apoyar el desarrollo de software libre, que permitirá potenciar el desarrollo regional de soluciones en materia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TICs), a fin de lograr una verdadera apropiación, promoción del libre conocimiento y transferencia tecnológica, reduciendo la dependencia de soluciones provistas por trasnacionales del sector o por empresas no dispuestas a respetar las industrias nacientes de la región.” He aquí las bases de un modelo de desarrollo tecnológico verdaderamente inclusivo y soberano.

Sobre los principios de la apropiación social y el libre acceso al conocimiento, la promoción de la transferencia tecnológica se orientará, liberada del yugo de la dependencia, al desarrollo regional, lejos del dominio de esas trasnacionales que no están dispuestas a respetar la naciente industria tecnológica nacional.
Es de esperar que esta Declaración, recibida con júbilo por los defensores de la Soberanía Tecnológica, se plasme prontamente en medidas concretas y acciones de gobierno que consoliden este rumbo, que Argentina parece haber tomado, acompañando a sus socios del MERCOSUR, muy adelantados en este sentido. Uruguay, Bolivia, Brasil, Venezuela, ya han implementado políticas públicas y cuentan con normativa que les dan el sustento técnico-administrativo que en nuestro país aún no existe. El proyecto de ley presentado en el Senado de la Nación por las senadoras Teresita Luna y Silvina García Larraburu (FpV) viene a llenar ese vacío, se encuadra plenamente en el compromiso asumido por nuestra Presidenta y marca el camino hacia la Soberanía Tecnológica que nos merecemos los argentinos.

Pero enfrenta la cerrada oposición de los intereses creados, tanto en el sector público, como en el privado, en un mercado dominado por las trasnacionales de la informática, para las cuales este proyecto representa una serie amenaza. Una vez más, el país tendrá que elegir entre Democracia o Corporaciones.

*Director Gral Conferencia Internacional de Software Libre en Argentina.