Los consumidores irán a la Justicia por la suba del boleto

El Gobierno defendió el aumento del boleto en el AMBA por considerar que su valor se encontraba por "debajo" de lo que se abona en el interior, mientras que consumidores recurrirán a la Justicia por considerar que ese ajuste no se debatió en audiencia pública.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, justificó la suba de la tarifa al señalar que los ciudadanos de diversas ciudades del interior pagan una tarifa "significativamente mayor".

"El precio del boleto de transporte urbano en el área metropolitana estaba absolutamente más bajo que en el resto del país", sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa.

Además, Capitanich señaló que "lo que se plantea es atender, por un lado, la necesidad de tener un servicio de transporte de pasajeros en óptimas condiciones y, por el otro, satisfacer la demanda de trabajadores desde el punto de vista salarial".

"Planteamos trabajar con la UTA como con los representantes de las empresas para que la tarifa sea compatible con la proyección de subsidios y prestar servicios adecuados", afirmó.

Por otra parte, evitó pronunciarse sobre el incremento de combustibles, por lo que se limitó a destacar que en los precios se registra una "línea claramente decreciente", proyección que, según sostuvo, se sostendrá "para el segundo semestre de este año".

A pesar de los argumentos del Gobierno, el aumento tuvo un fuerte rechazo por parte de los usuarios, que nuevamente sufrieron un golpe al bolsillo.

En este escenario, la asociación Consumidores Libres advirtió que iniciará acciones legales contra la suba, que ya rige en Capital Federal y alrededores, puesto que aseguró que ese ajuste no fue analizado en una audiencia pública.

Según el representante legal de esa entidad, Héctor Polino, la suba -del 20%- "será cuestionada judicialmente por Consumidores Libres, porque no se convocó previamente a una audiencia pública como lo establece la Constitución Nacional y la jurisprudencia en la materia".

En un comunicado, el dirigente indicó también que reclamará a la Justicia "la suspensión del aumento anunciado, hasta tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice que los consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz".