Medicamentos para lucrar: Negocios de la Enfermedad o Soberanía Sanitaria

No es la primera vez en estos últimos años que aparecen tensiones por los precios de los medicamentos en la República Argentina, y es muy saludable que los Estados/Gobiernos asuman este debate. Una cuestión social recurrente, no sólo a nivel nacional sino regional y global, es hasta qué punto la industria médico-farmacológica con su poder y diversificaciones de mercado (producen medicamentos-vacunas, tecnología, pero también agroquímicos, negocios financieros, otros) puede ser regulada-controlada recuperando soberanía sanitaria pública por los Estados.

Sólo para tomar una dimensión clara de los intereses, relaciones de poder y negocios que están en juego: con una cifra de venta total aproximada de 860.000 millones de dólares y márgenes de rentabilidad muy por encima del promedio de la industria en general (ganancias de 200.000 millones de dólares anual), la industria farmacéutica mundial sigue siendo uno de los sectores más prometedores para los negocios de aceleración del capital y garantía de rentas exponenciales. En la República Argentina, siendo junto a Brasil e India unos de los mercados emergentes más apetecibles, esas cifras se estiman en un 30% del gasto total en salud, es decir, un mercado de ventas en facturación de 26 mil millones de pesos anuales aproximado.

No es aquí que podamos hablar de lo que significa la “medicalización” de nuestras sociedades, y lo que eso implica en términos de una cultura societal mercantil-curantiva-medicamentosa productora de mercados de consumo malsanos de fármacos por sobre la dimensión preventiva-promocional de la salud y calidad de vida de nuestros pueblos del Sur.

Las prácticas tóxicas y deshumanizadas no son casuales ni disfunciones de mercado. Producción, comercialización y venta de medicamentos adulterados. Prebendas e incentivos de los Laboratorios a los profesionales de la salud para “garantizar” la venta bajo receta. El constante traspaso a venta libre de fármacos como si fueran golosinas. Medicamentos de patologías graves (oncológicos, anti-retrovirales, otros) a precios desorbitantes. Protocolos clínicos de investigación farmacológica aplicados en hospitales públicos y sobre la población más “pobre” sin pautas éticas de investigación clínica que deberían cumplir en cualquier sociedad del Norte. Publicidades engañosas de los fármacos primando criterios del marketing sobre salud colectiva. Las supuestas innovaciones (“me too”) que en realidad no tienen aportes sustanciales a la salud pero que generan nichos de mercado luego de caída de patentes. El fenomenal pacto de negocios entre industria farmacéutica, algunas obras sociales sindicales y sector privado que mantiene la medicalización como práctica constante de la salud pública. El monopolio de la distribución de medicamentos en el país, los comportamientos oligopólicos y de cartelización. Concentración económica. En el periodo 2000-2010 hubo 396 fusiones-compras internacionales con pérdidas estimadas de 297.000 fuente de trabajo con impacto en el mercado argentino, conformando grupos farmacológicos cada vez más importantes como actores económicos-financieros y políticos. Y la lista podría continuar.

Lo que deja en evidencia dichas prácticas es que no se trata de casos excepcionales de discrecionalidad o de ilícitos aislados, sino del accionar y las políticas permanentes que mantiene la industria farmacéutica y sus enclaves de mercado para mantener la hegemonía del negocio de la enfermedad a cualquier costo en nuestras sociedades. La liberalización y extranjerización de la industria farmacéutica en los años ´90, aunque sólo fue parcialmente revertida en la última década, ya que aunque existan más laboratorios nacionales privados, los de mayor facturación y apropiación de mercado siguen siendo multinacionales.

La balanza comercial de industria farmacéutica en Argentina es estructuralmente deficitaria, es decir, se sobre importa debido a que multinacionales traen fármacos del exterior y por compra de principios activos. Cuestiones que por la capacidad de ciencia y tecnología de nuestro país y la red de laboratorios públicos nacionales se podría asumir progresivamente su reducción como parte de nuestro desarrollo y soberanía sanitaria reduciendo dependencias externas y desbalances en nuestro comercio exterior.

Por último, la liviandad de la construcción del “precio” de los medicamentos en nuestros países es un eje de sorprendente análisis. En la jerga interna de los laboratorios se define como el “máximo precio tolerable por el mercado”. Los volúmenes de venta industriales demuestran que en términos de unidades el crecimiento fue moderado desde la salida de la convertibilidad, pero el incremento de la facturación fue exponencial. Esto sólo se explica por el constante aumento de precios, incluso incumpliendo con diferentes artimañas acuerdos con el Estado. Estudios realizados por diversos institutos de investigación evidenciaron márgenes de rentabilidad en medicamentos y drogas en Argentina varían de un 4000 a 10.000 hasta un 30.000 por ciento (%) sobre el precio final. Las famosas ganancias extraordinarias, digámoslo exorbitantes.

Más de 6000 fármacos se comercializan en el Vademecum en Argentina, cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) plantea que unos 350 medicamentos esenciales(ME) resuelven más del 90% de los problemas de salud-enfermedad prevalentes en nuestros países.

Asumir estratégicamente la tensión entre un Estado que busque garantizar el acceso al medicamento como bien social al servicio de la salud colectiva, o como profesan algunos actores y pools empresarios actualmente nostálgicos postulantes de “presencia” del Estado pero cooptado para promover intereses del capital concentrado en este caso para los negocios del complejo médico-industrial-farmacológico.

Más allá de las buenas intenciones, las acotadas y limitadas atribuciones del ANMAT y de la Secretaria de Comercio Interior de la Nación no alcanzan ni por asomo frente a tamaña complejidad del poder económico-financiero de la industria farmacéutica. La República Argentina necesita redefinir realmente el fortalecimiento de una política nacional de medicamentos junto a la creación de una Agencia Estatal para el control/regulación pública férrea y finalmente asumir el desarrollo estratégico de Producción Pública de Medicamentos, un eje prioritario de cooperación Sur-Sur incluso del propio MERCOSUR y Consejo de Salud del UNASUR. Política de medicamentos de Estado con participación protagónica de la sociedad civil. A su vez como principio de salud pública se re-impulse y desarrolle la actual Ley de Producción pública de Medicamentos Esenciales, Sueros y Vacunas (sin reglamentación aún luego de su aprobación unánime) para el acceso universal de nuestro pueblo a bienes que deben estar al servicio de la salud colectiva. Recuperar soberanía sanitaria por sobre el mercado farmacológico, es una tarea compleja pero absolutamente imprescindible y pendiente. Afrontarla no es una cuestión sólo gubernamental, sino decisión colectiva estratégica de una sociedad que quiera seguir construyendo ciudadanía social saludable.

** Presidente y Coordinación regional de América Latina y el Caribe de Médicos del Mundo