Aplicarán la ley antiterrorista a la imprenta Donnelley

La presidenta Cristina Kirchner denunció este jueves por la tarde que "hay un entramado mafioso internacional", al explicar que la imprenta Donnelley que pidió la quiebra un viernes y se la concedieron el lunes está integrada "en un 60 o 70 por ciento por fondos de inversión".
Jueves 14 de agosto de 2014
Al encabezar el acto de lanzamiento del nuevo plan de vivienda en la Casa Rosada, la jefa de Estado explicó que el fondo buitre de Paul Singer tenía el 7 por ciento de una multinacional y que se lo vendió al fondo BlackRock, el mismo que integra la imprenta Donnelley.

"Coincidentemente, pero en realidad nunca hay coincidencia, nos encontramos con una imprenta que había presentado quiebra queriendo crear un clima de temor entre los trabajadores", afirmó la mandataria.

En ese contexto, apuntó contra quienes quieren "crear un clima de pérdida de trabajo" y aclaró que el caso de Donnelley "no tiene nada que ver con el tema de (la autopartista) Lear, que es un problema vinculado a un tema gremial".

En este marco, anunció que Donnelley será denunciada "por alteración al orden económico y financiero", en lo que, según ella, sería el primer caso de aplicación de la llamada ley antiterrorista y afirmó: "Este gobierno jamas impulsará ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Son leyes para proteger a los argentinos".

Qué dice la ley, promulgada el 28 de diciembre de 2011

La Ley 26.734 modifica extractos del Código Penal, e indica que las penas se incrementarán en el doble del mínimo y el máximo cuando delitos previstos en el Código Penal se cometieran para "aterrorizar a la población".

Se le añade el artículo "41 quinquies" el cual expresa que "cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo".

Y explica: "Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".

El nuevo artículo 306 del mismo plexo normativo, especifica que "será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen" en "financiamiento de un delito" o en una "organización delictiva".