El proyecto para cambiar la sede de pago a bonistas ratifica los errores cometidos

Miércoles 20 de agosto de 2014

El proyecto de ley anunciado por la presidenta Cristina Fernández que posibilita el "pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina” implica desconocer el fallo judicial del juez de Nueva York Thomas Griesa y genera una circunstancia poco feliz para el país dado que voluntariamente nosotros habíamos solicitado esa jurisdicción.

Por otro lado, entiendo que la norma tiene problemas instrumentales insuperables. Desconozco cómo se podría hacer para poder mantener el servicio de la deuda sin contar con el banco de New York y cómo se reemplazaría por Nación Fideicomisos, que nunca hizo esa tarea.

En el plano conceptual y en el plano práctico no sé cómo se podría llevar adelante. En ese sentido, considero que es un camino muy negativo que lo único que hace es ratificar los errores que se ha cometido el Gobierno y que han culminado en este fracaso completo.

La iniciativa podría o no desencadenar una respuesta más enérgica de la justicia norteamericana. Sin embargo, lo que nos interesaba a los argentinos era normalizar nuestra situación y acceder al financiamiento externo para poder generar más inversión, tener más crecimiento, recuperar el programa energético, etc. En ese sentido iba todo el esfuerzo que se hizo con el Club de París, con Repsol, con los acuerdo con el CIADI. Es decir, se buscaba crear las condiciones para relanzar la economía y resolver los problemas externos, energéticos, de empleo, de inflación y de actividad. Esta medida lo que hace es frustrar eso.

El proyecto consagra lo que no ha dado resultado pero me parece bueno que se de el deba parlamentario porque los legisladores tendrán una gran responsabilidad. El Congreso va a tener que opinar y si lo avala va a ser mu difícil corregirlo por mucho tiempo.

Además, la norma va generar mucho rechazo entre los bonistas porque hay restricciones institucionales. Los fondos de inversión más grandes que operan en el mundo tienen restricciones estatutarias para usar la ley de New York. Éstos no podrán hacer ese cambio de jurisdicción porque no lo autorizaría su departamento jurídico.

A raíz de estos problemas técnicos, y teniendo en cuenta que el otro día se confundieron la ley Antiterrorista con la ley de Quiebras por cadena nacional, me pregunto si no habrán cometido otro error de la misma envergadura con esta norma.

Ricardo López Murphy, exministro de Economía