Para Griesa, Argentina adoptó posición "ilegal"

El juez de Nueva York, Thomas Griesa destacó, durante la audiencia que duró poco menos de una hora, que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno acerca del cambio de jurisdicción y del banco fiduciario para pagarle a los bonistas reestructurados en la Argentina "no puede ser llevado a cabo porque es "ilegal" e "inválido" a las vez que viola las órdenes" judiciales pero no declaró al país en desacato.

El encuentro arrancó con ese pedido por parte de los fondos buitre, tras la presentación del proyecto del ley que cambia el domicilio de pago de la deuda. "En este caso, está tan claro como puede estar, que de alguna manera, en algún momento, espero más temprano que tarde, habrá un acuerdo" entre las partes, afirmó el juez. en la sede de la Corte Distrital Sur de Nueva York, publica la agencia Télam.

Griesa insistió que la única vía para cerrar este litigio era llegar a un acuerdo entre las partes y pidió a Argentina olvidarse de "actividades ilegales". "A lo mejor la República (Argentina) no quiere un acuerdo, pero si sigue así se encontrará siempre con la oposición de este tribunal", agregó el magistrado.

Por eso, Griesa volvió a instar a las partes a que se sienten a negociar junto a, Daniel Pollack, el special master (mediador) designado por el propio magistrado, y rechazó el pedido de imponer la figura de "desacato" al país, formulada por los fondos buitre NML y Aurelius, tanto en el encuentro de hoy como en la carta que le enviaron ayer para solicitar una "audiencia de emergencia", tras el anuncio del plan de pago soberano realizado por Argentina el martes por la noche.

"¿Cómo (la figura) de desacato contribuye a un acuerdo?", les preguntó Griesa a los abogados de los fondos buitre, al argumentar su decisión de rechazar el pedido formulado por los holdouts.

El abogado de NML, Robert Cohen, sostuvo que ellos comparten el hecho de que "tiene que haber un acuerdo" entre las partes, pero alegó que "la República tiene que sentir (...) la necesidad de acuerdo" para que esa instancia sea lograda.

En esa línea, Cohen sugirió la aplicación de sanciones al país aunque luego, tras la pregunta realizada por el juez, agregó que las mismas podrían ser discutidas en otra audiencia convocada para el mes de septiembre.

Al respecto, el letrado representante del país, Carmine Boccuzzi, afirmó que la figura de desacato no contribuiría de ninguna forma a lograr un acuerdo negociado entre las partes. También advirtió que "no hay bases" para aplicarlo dado que no hubo violación en las acciones que llevó adelante Argentina ni casos previos de países soberanos que hayan sido encuadrados bajo ese marco legal. "Lo que la República Argentina está haciendo es abiertamente un proyecto de Ley como parte de un proceso democrático", explicó Boccuzzi.

El abogado Carmine Boccuzzi, uno de los representantes de la Argentina, sale de la Corte de Nueva York.

En su primera intervención, Griesa confesó estar "consternado" por que el Gobierno no haya consultado a sus abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) sobre la iniciativa y sus posibles consecuencias. "La Argentina ha tomado una posición ilegal", declaró el magistrado.

En línea con los buitres, Griesa calificó al plan de la Casa Rosada como "ilegal" y "violatorio de la orden" judicial que él mismo impartió, que se resume en pagar poco más de US$1.500 millones a los bonistas no reestructurados.

El magistrado reiteró que, según lo que dicta su fallo, si Argentina realiza el pago de intereses a los bonistas reestructurados debe también pagar a los tenedores de títulos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, que litigaron ante su juzgado.

Griesa insistió en que todo lo relacionado con los bonos argentinos, reestructurados o no, está bajo la jurisdicción del tribunal de Nueva York que lleva el caso.

La convocatoria a esta nueva reunión se produjo en respuesta a una carta enviada por los fondos buitre el miércoles, en la que requirieron al magistrado un encuentro de urgencia tras la decisión del gobierno argentino de enviar al Parlamento un proyecto de ley de pago soberano para tenedores reestructurados.

Ayer el abogado del fondo buitre NML Capital, Robert Cohen, envió una misiva al juez Griesa para "señalar la atención de la Corte" sobre el anuncio del proyecto de Ley de pago soberano realizado por el gobierno nacional, el cual según consideró, constituyó un "esfuerzo por evadir la orden de pari passu" dictaminada por ese tribunal.

Bajo ese contexto, NML Capital detalló el desarrollo de las acciones tomadas por la corte y por Argentina desde el fallo del 23 de febrero de 2012 – que ordenó que el país pague también a los fondos buitre cada vez que abone intereses a tenedores de bonos reestructurados- hasta el anuncio de la iniciativa del gobierno para viabilizar el pago soberano local de la deuda externa, emitido por la Presidenta el martes por la noche.

La interpretación de los hechos planteada por Cohen, quien se expresó en representación del resto de los demandantes, entre ellos el fondo buitre Aurelius, concluyó con el pedido al juez Griesa para que convoque a una "audiencia de urgencia lo antes posible".

En la carta, Cohen le requirió también al magistrado distrital, "considerar si Argentina debería ser acusado de desacato" y en caso de caber esa figura, "cuáles sanciones deberían ser impuestas".

Un día después de la solicitud de los fondos buitre, Griesa respondió con el llamado a los abogados de las partes, para que concurran a lo que será la sexta audiencia pública desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el mes de junio.