Oyarbide apartado y denunciado ante el Consejo de la Magistratura

El juez federal fue apartado y denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, por haber intervenido cuando no podía en el tramo de la pesquisa por lavado de dinero de droguerías y laboratorios para financiar la campaña presidencial del Frente para la Victoria en 2007.
Miércoles 3 de septiembre de 2014
Fuentes judiciales informaron que la medida fue adoptada por la Sala II de la Cámara Federal porteña, que reprochó a Oyarbide no haber enviado ese tramo de la causa a su par Ariel Lijo, tal como le había ordenado el tribunal de alzada dos veces, para, en vez de ello, resolver a favor de los acusados de supuesto "lavado de activos".

El tribunal apartó a Oyarbide de todas las investigaciones a su cargo por las irregularidades de los medicamentos y decidió poner en conocimiento del Consejo la actuación de Oyarbide, donde ya tiene 16 denuncias abiertas por presunto mal desempeño de sus funciones.

Oyarbide había sobreseído a Héctor Capaccioli, ex jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud; a Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional; a Sebastián Gramajo, ex legislador porteño kirchnerista, y a Gabriel Brito, ex mayorista farmacéutico.

Pero los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah revocaron esos sobreseimientos al entender que Oyarbide no debió resolver en ese tramo de la investigación y debió remitirla a su par Lijo, a quien la Cámara había atribuido el caso en 2012, ya que tiene a su cargo la causa por el presunto financiamiento ilegal de la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos.

"No habrán de presumirse aquí las razones que pudieron llevar a repetir esa irregularidad. Pero sí habrá de observarse que, cualquiera sean esos motivos, un fallo dictado en semejantes condiciones torna aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para supuestos asimilables, según la cual la omisión de las formalidades sustanciales del fallo determinan su inexistencia", sostuvieron los jueces. Por ello, los camaristas declararon la "inexistencia" del fallo y remitieron lo ocurrido a la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura para "ponerla en conocimiento" del asunto, además de apartar a Oyarbide de la causa.

Además de los aportes a la campaña presidencial de 2007, Cappacioli y el ex sindicalista bancario Juan José Zanola, entre otros, irán a juicio oral acusados de asociación ilícita, adulteración de medicamentos, defraudación, fraude en perjuicio de la administración pública y comercialización de productos con marca registrada falsificada.

El juicio será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Oscar Hergott, pero aún no tiene fecha de iniciación.

La investigación de la llamada "mafia de los medicamentos" comenzó en realidad a partir del "triple crimen de General Rodríguez", como se conoció a los asesinatos de los jóvenes empresarios del rubro de los remedios Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.

Las pesquisas abiertas a partir de ese hecho llegaron hasta un importante número de personas vinculadas con ese negocio, pero también a funcionarios y gremialistas, entre ellos Capaccioli y Zanola.

En ese tramo de la causa se investiga la venta de fármacos adulterados y la defraudación al Estado por parte de droguerías y de obras sociales para cobrar por remedios y tratamientos médicos que nunca se realizaron.

Brito, ex propietario de la empresa de auditoria médica "Global Farmacy Service S.A.", figura como aportante de 310 mil pesos -en cuatro cheques - a la campaña de Cristina Fernández.