Impidieron salir del país a directivo de la firma Donnelley

La Justicia le prohibió hoy salir del país a Claudio Raúl Vergara, integrante del directorio de la fallida papelera e imprenta Donnelley, quien pidió autorización para ir a México, informaron fuentes del caso.
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La medida fue dispuesta por el juez en lo Comercial 19 Gerardo Santicchia, tras un pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), señalaron los voceros, quienes además destacaron que "Vergara es el único integrante argentino del directorio".
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Ante el pedido de Vergara para viajar a México, "la AFIP se presentó en la Justicia inmediatamente para que se le mantenga la inhabilitación para salir del territorio argentino, conforme la resolución adoptada el 11 de agosto de 2014 por parte del juez Santicchia", dijeron.

La presentación recayó en el juzgado de Santicchia y en el Juzgado Federal 3 de Daniel Rafecas.
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Los voceros recordaron que "el sábado 9 de agosto la empresa resuelve en asamblea extraordinaria de accionistas presentar su propia quiebra y 48 horas después el juez Santicchia decreta la quiebra de Donnelley".
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"Ante eso la AFIP hace una presentación para que se revoque la medida por considerarla fraudulenta, y el objetivo de la AFIP es mantener los 400 puestos de trabajo y asegurar la recaudación de recursos de la seguridad social", añadieron las fuentes.
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También resaltaron que la quiebra se considera fraudulenta porque "es llamativo que la empresa haya solicitado la quiebra cuando el propio balance de la compañía indica que la liquidez al 31 de diciembre de 2013 era de casi 600 millones de dólares superior al ejercicio anterior".
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"Tampoco tenía deudas impositivas al 1ro. de julio, el activo de la empresa es superior al pasivo (...), en el balance registra ganancias reservadas de $ 20.200.000 para futura distribución de dividendos y la firma recibió aportes de sus accionistas por $3.000.000 en efectivo en noviembre de 2013, según sus propios estados contables", entre otros aspectos, recordaron los voceros.
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El cierre de Donnelley provocó una fuerte reacción gremial ante la pérdida de unas 400 fuentes de trabajo.
Por su parte, la presidenta Cristina Fernández anunció que se le iba a aplicar a la compañía la ley antiterrorista, pero finalmente dio marcha atrás.
En la actualidad la imprenta funciona como cooperativa administrada por sus trabajadores, con el nombre Madygraf.