Caso Schoklender: informe complica más a funcionarios

Se trata de un trabajo técnico de un instituto estatal que afecta a los que firmaron “en forma directa” los contratos con Madres de Plaza de Mayo del plan Sueños Compartidos.
Jueves 25 de septiembre de 2014
Un informe oficial agregado recientemente a la investigación sobre los fondos del plan Sueños Compartidos complicó más la situación de los funcionarios que firmaron los contratos con la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Así lo afirma un matutino, que asegura que el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) le informó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que hay al menos doce patentes sobre sistemas de construcción similares al que utilizaban las Madres, basado en placas de poliestireno.

El documento, firmado por el director de Información Tecnológica del INPI, Guillermo Vispo, describe cada uno de los sistemas constructivos, sus respectivos titulares y la fecha de la concesión de las patentes, tal como afirma Clarín por estas horas. Asegura que hay empresas, como Vialco SA y Sismo Internacional. El resto son particulares, dueños de las patentes.

El INPI afirma que esos sistemas eran similares al que introdujeron los hermanos Schoklender en la Fundación, el italiano Emmedue (M2), representado en el país por la empresa Cassaforma. En 2007, los Schoklender montaron una fábrica de paneles en Barracas. Un año después del escándalo, a mediados de 2012, el lugar se transformó en un depósito vacío. Las máquinas se vendieron para pagar deudas. Y los empleados pasaron a engrosar las listas de despedidos.

Fuentes judiciales le dijeron al matutino que “el contenido del informe complica a los funcionarios locales, que contrataban a las Madres en forma directa argumentando que era el único sistema de construcción disponible”.

Los fondos de Sueños Compartidos, 1.250 millones, fueron aportados por el Ministerio de Planificación, que luego delegó a las jurisdicciones locales el control de las obras y la transferencia final del dinero a la Fundación.

Cuando estalló el escándalo, el ministro de Planificación Julio de Vido y sus funcionarios cargaron las tintas sobre los funcionarios locales. El subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, siempre adhirió a esa estrategia pese a que tenía empleados monitoreando las cuentas de las Madres. Uno de ellos, Claudio Freidin, cobró al menos $180.000 de la Fundación, en cinco cheques, según reveló un informe de la AGN. En Tribunales se descarta que será uno de los funcionarios citados a indagatoria antes de fin de año. Pero habrá más. En las últimas semanas, el juez Martínez de Giorgi también recibió informes que revelan que la Fundación no estaba inscripta como proveedor en casi todas las jurisdicciones donde se realizaron las casas.

La causa judicial sobre Sueños Compartidos sufrió un cimbronazo hace un año, cuando la Cámara Federal apartó al juez Norberto Oyarbide y anuló todas las indagatorias. A partir de ese momento, cambió el eje de la investigación: el nuevo magistrado apunta a una defraudación millonaria y a las maniobras de lavado realizadas por los Schoklender y su entorno.

Antes de firmar los llamados a indagatoria, el magistrado quiere analizar un nuevo informe del Ministerio de Trabajo sobre 54 millones de pesos que fueron otorgados a la Fundación (era 600 pesos por mes por cada trabajador). También intentará replicar el modelo de análisis utilizado por la AGN para auditar todas las obras de Sueños Compartidos.