Consulta popular en Cataluña sobre su independencia

Domingo 9 de noviembre de 2014

Los ciudadanos de Cataluña comenzaron a votar hoy sobre su independencia en una consulta simbólica convocada por el gobierno regional y que gestionan voluntarios, desafiando una prohibición de la Justicia y bajo la amenaza inminente de que el "proceso de participación democrática", sea truncado en cualquier momento.

Cerca de 5,4 millones de catalanes, un número más elevado que el último censo electoral, ya que incorpora a menores de 16 años y a los inmigrantes residentes en Cataluña, están llamados a opinar sobre si quieren o no que la norteña región se separe de España.

"¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?", es la pregunta que deberán responder los catalanes.

Como estaba previsto, los 1.317 colegios electorales habilitados abrieron a las 9 de la mañana con total normalidad, pero en medio de un clima de incertidumbre y tensión por el temor a la llegada de una decisión judicial que ordenara a la policía el precintado de los miles de establecimientos públicos donde se lleva a cabo la votación.

Las largas colas, especialmente en los barrios que son bastión de los independentistas, dan cuenta de la movilización de las organizaciones y partidos soberanistas, que buscan convertir la jornada en una demostración de fuerza de cara al resto de España y al mundo.

Desde hacía casi un año, la fecha estaba marcada en rojo en el calendario del presidente catalán Artur Mas, quien asume hoy toda la responsabilidad de la votación, que fue suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional (TC) español y que, pese a su carácter simbólico, supone todo un desafío de cara al Ejecutivo central del conservador Mariano Rajoy.

A menos de 24 horas de que se iniciara la votación, la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña, a solicitud del Fiscal General del Estado, había abierto ayer una investigación para determinar si la cesión de locales públicos para la votación constituía un delito, debido a la suspensión judicial dictada por el Constitucional.

La decisión -que incluyó un pedido de información a la Consejería de Educación para que indique quién autorizó la utilización de los edificios públicos y escuelas-, a los responsables de los establecimientos, y del envío de propaganda institucional por correo, es el paso previo a una orden judicial que pida a los Mossos d'Esquadra (policía catalana) el precintado de los lugares de votación.

Frente a los movimientos de la Justicia, el gobierno catalán emitió un breve comunicado en el que aseguró que es "el único responsable de autorizar el acceso a locales públicos" que se usarán para la votación, por lo que "no se puede pedir identificar a los voluntarios".

Antes de conocer las medidas de la Fiscalía, el presidente catalán ya había dejado claro en una entrevista televisiva que su gobierno defendería la votación y que, si bien los voluntarios se encargarán de la gestión de la jornada, su gobierno finalmente se encargará del recuento de los votos y del anuncio del resultado.

"Por poco sentido común que tengan, cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia. Estamos utilizando nuestro derecho a la expresión, aunque con un simbolismo político importante”, subrayó Mas.

Pese a la alerta desatada por los movimientos judiciales, nada ocurrió llegado el momento de abrir los colegios electorales. Sin embargo, de llegar la decisión judicial de cerrar los colegios electorales, el responsable de interior del gobierno catalán garantizó que la policía catalana iba a obedecer, pero consideró que el escenario era poco probable.

En la víspera de la votación, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se mostró firme ante la determinación de Mas de seguir adelante con la consulta: "Tengan la tranquilidad de que mientras yo sea presidente del Gobierno la Constitución se cumplirá, la soberanía nacional estará a salvo y nadie romperá la unidad de España", aseguró.

Asimismo, Rajoy pidió al presidente catalán que "recupere la cordura" y se siente a dialogar sobre Cataluña dentro del marco legal.

También le restó importancia a la cita del 9N (Noviembre): "no es ni un referéndum, ni una consulta, ni nada que se le parezca", ni tampoco "produce efecto (legal) alguno", recalcó Rajoy.

Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), plataforma cívica que estuvo detrás de las grandes movilizaciones pro independentistas de los últimos tres años, dio instrucciones a miles de socios para “defender la votación”, siempre de forma pacífica, ante cualquier intento de impedir que los catalanes se expresen libremente, con lo que se prevé algún tipo de protesta.

La cita con las urnas perdió peso político después que el presidente catalán decidió rebajarla a un nivel simbólico para sortear los obstáculos judiciales que se le presentaron cuando el referéndum soberanista inicialmente propuesto por su gobierno para hoy también fue vetado por el Constitucional.

Mas defiende el valor de la nueva consulta, a la que denominó “proceso de participación ciudadano”, y que pretende ser el aval para forzar una negociación con el Ejecutivo de Rajoy para celebrar un futuro referéndum oficial.