Primeras pruebas del caso “Hotesur” complican a Cristina y Máximo Kirchner

El hotel fue administrado hasta fines del año pasado por Lázaro Báez. El empresario fue acusado de haber contratado habitaciones del Alto Calafate que nunca fueron ocupadas.
Domingo 23 de noviembre de 2014
Una investigación del diario Clarín informa que el lunes 10 de noviembre, un funcionario de la Inspección General de Justicia (IGJ) introdujo un escrito en el legajo de la empresa Hotesur que estaba bajo control de ese organismo. En ese texto sentenciaba que esos papeles, pertenecientes a la compañía con la que familia Kirchner maneja el hotel Alto Calafate, debían “fotocopiarse” y guardarse “bajo llave”.

Antes el programa televisivo Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, y también el mencionado matutino porteño habían informado de las irregularidades con las que funcionaba esa firma. La diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN), presentó una denuncia penal en la que pedía que se investigue por ese tema a la Presidenta. El jueves pasado, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli allanaron la IGJ en busca de aquella documentación caliente. Las primeras pruebas de la causa Hotesur comprometen a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, Máximo.

Esos documentos serán a ser analizados por la Justicia. La causa Hotesur busca determinar si esa empresa funcionó de modo ilegal gracias a la protección del Gobierno que lidera su propietaria, la Presidenta. Kirchner afirmó en su última declaración de bienes que sus acciones en esa compañía hotelera tenían un valor de $ 9.367.528,8.

El hotel de Hotesur fue administrado hasta fines del año pasado por Lázaro Báez. El empresario fue acusado de haber contratado habitaciones del Alto Calafate que nunca fueron ocupadas.

Es por eso que el expediente Hotesur podría abrirse hacia pesquisas de delitos financieros vinculados a la corrupción. Las primeras sospechas de los investigadores de la causa, mientras tanto, empiezan a tener un respaldo probatorio.

En el legajo de Hotesur que estaba en la IGJ se confirma que en todos los trámites que la compañía realizó ante ese organismo registró como sede a un domicilio en el que en realidad no hay nada: Lavalle 975 piso cuatro departamento cinco. Esas oficinas fueron allanadas el jueves pasado y estaban vacías y en alquiler. Un abogado aseguró ser el dueño del lugar desde hace cuatro años, y descartó tener alguna vinculación con el hotel presidencial. Los Kirchner declararon haber comprado el Alto Calafate en 2008.

Pero en abril de 2012, por ejemplo, Hotesur presentó ante la IGJ su declaración jurada de actualización de datos: en ese trámite se lee que la firma volvió a inscribir como sede a Lavalle 975. Las sociedades comerciales tienen la obligación de informar la dirección de su sede activa. La IGJ supo que algo pasaba en ese domicilio porque a fines del 2013 intimó a Hotesur por sus incumplimientos pero la carta volvió rebotada. No hubo acciones estatales para ver qué había pasado.

El jueves pasado, la supuesta sede la empresa fue allanada, pero los Kirchner no hicieron declaraciones. El oficialismo embestió contra el juez Bonadio, al que acusa de estar haciendo “golpismo”. Hasta ahora, el Gobierno no desmintió con documentación respaldatoria la información sobre el sospechoso funcionamiento de Hotesur