Denuncian torturas sexuales durante la dictadura chilena

Viernes 5 de diciembre de 2014
Cuatro mujeres denunciaron haber sido víctimas de violaciones y un sinfín de vejaciones sexuales como prisioneras políticas tras el golpe militar presentaron una denuncia que busca destapar una olla de aberraciones poco sinceradas en Chile como consecuencia de décadas de temor, vergüenza y un presunto pacto de silencio entre los militares.

Las querellas fueron iniciadas en mayo y esta semana las mujeres declararon ante el juez Mario Carroza. Lo hicieron pese a que las violaciones ocurrieron décadas atrás porque Chile suscribió un acuerdo internacional de derechos humanos que impide que estos delitos prescriban porque son crímenes de lesa humanidad.

“Exigimos que el gobierno chileno, que las autoridades, el Estado, tiene que cambiar las leyes, tiene que aceptar que existen estas torturas (sexuales)”, dijo Nieves Ayress a la agencia AP, una de las querellantes, que en 1974 fue detenida a sus 25 años por ser militante socialista, junto con su padre y su hermano. En 1976 fue liberada y obligada a exiliarse.

Las mujeres también buscan que se reforme el Código Penal chileno, que data de 1874, y que no contempla como delito la tortura ni la violencia sexual de carácter político. Bajo esa legislación, las torturas y otras violaciones a los derechos humanos se juzgaron como otros tipos penales que contemplan penas menores.
Ayress declaró el lunes ante el juez Carroza. Tiene 66 años, es educadora y activista comunitaria y vive en Nueva York. Al día siguiente, fue sometida a un extenso peritaje psiquiátrico y psicológico para establecer las huellas psíquicas de la violencia política sexual.

Las mujeres alegan que la tortura sexual tiene un componente de género, que las maltrataban más por ser mujeres y les decían “perras”, anulando su calidad de ser humano, de “maracas” (prostitutas), denigrándolas, y las violaban reiteradamente hombres y animales, introduciéndoles además objetos en la vagina y el ano, lo que convierte estas acciones en violencia política sexual.

“Me metieron ratas por la vagina, me violaron perros, me colgaban”, sostuvo. Agregó que sus captores la amarraban desnuda junto a su padre y su hermano, quien por entonces tenía 15 años, y le decían que su padre la violaría.

“Hacían una fila de militares y me obligaban a hacer contacto oral con todos ellos y eyaculaban en mi cuerpo y me bañaban de semen”, relató. “Me cortaron el vientre con un yatagán (un cuchillo corvo)” y también le hicieron tajos con hojas de afeitar en “los senos y nos ponían cables eléctricos y alcohol”.
El padre y el hermano de Ayress salieron libres y partieron al exilio unos seis meses antes que ella. La madre se quedó en Chile hasta que ella fue expulsada del país y ambas se fueron también a Italia.

Las otras tres querellantes, Carmen Holzapfel, Soledad Castillo y Nora Brito Cortez, también relataron al juez las torturas sexuales durante sus detenciones.
La demanda incluía inicialmente a varios hombres que presuntamente fueron violados, quienes luego desistieron de seguir adelante con el caso.

“A los hombres se les hace más difícil todavía reconocer la condición de violados en los procesos de tortura”, dijo Cristián Castillo, dirigente del Campo Por la Paz Villa Grimaldi, organización defensora de los derechos humanos que funciona en el que fuera uno de los más terroríficos centros de tortura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

La dictadura de Pinochet dejó un saldo oficial de 40.018 víctimas, incluidos presos políticos, torturados y 3.095 muertos. Cerca de 70 uniformados y un puñado de civiles cumple condenas de cárcel.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile, que recogió los testimonios de miles de torturados durante la dictadura, dijo que casi todas las 3.399 mujeres entrevistadas dijeron haber sido víctimas de tortura sexual. Más de 300 dijeron que fueron violadas durante su detención.

Recién en 1993 los organismos internacionales comenzaron a clasificar las violaciones cometidas durante un conflicto interno como crímenes de lesa humanidad. Esa figura legal fue adoptada durante juicios relacionados con lo ocurrido en Yugoslavia llevados a cabo en el Tribunal Penal Internacional.

El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, dijo en agosto que un grupo grande de militares condenados por violaciones a los derechos humanos se cuida de no involucrar a otros oficiales en crímenes de lesa humanidad. “Si eso significa un pacto de silencio, bueno, yo creo que lo tienen todas las personas que están imputadas en hechos ilícitos”, expresó.