Advierten que Argentina muestra pocos o nulos avances en la lucha contra la corrupción

La OCDE alertó sobre el incumplimiento al convenio anti cohecho internacional y recomendó la pronta implementación del nuevo Código Procesal Penal y la reducción del elevado número de vacantes judiciales
Jueves 18 de diciembre de 2014
Según el último informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país exhibe "pocos o nulos" avances en esta ofensiva mundial y advierte sobre incumplimientos al convenio anti cohecho internacional.

Esta es la conclusión del Grupo de Trabajo sobre el Soborno que hace el seguimiento de la evolución del caso argentino desde 2001 sobre la aplicación de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.

Ante los resultados poco alentadores, la Argentina será sometida a una evaluación suplementaria en 2016, llamada Fase 3 bis. "El Grupo de Trabajo está gravemente preocupado por el compromiso en el combate contra el cohecho trasnacional y por los pocos progresos que hizo Argentina desde las anteriores evaluaciones", sostiene el informe de 78 páginas dado a conocer recientemente.

Según los analistas del caso, "Argentina incurre en un serio incumplimiento de artículos clave de la Convención al no prever la responsabilidad corporativa en los casos de soborno y corrupción trasnacional".

Pocos días después de que se conociera que, primera vez, un vicepresidente irá al banquillo en juicio oral, el informe recuerda que el país ha sido señalado por no haber aplicado recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OCDE desde 2001, en relación "a la competencia nacional para enjuiciar al soborno y a las deficiencias extranjeras en el delito de cohecho trasnacional".

"Han habido pequeñas o ningunas mejoras en los problemas del sistema de justicia penal", advirtió el informe y destacó entre otros puntos, "los retrasos generalizados que siguen plagando la investigación de los delitos económicos".

No obstante, destacaron la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal, y reclama su pronta aplicación. Para mejorar ese estatus, desde la OCDE recomiendan también "la reducción del elevado número de vacantes judiciales y el uso de jueces sustitutos; la investigación y persecución con seriedad de todos los casos de cohecho internacional, según sea necesario; la creación de incentivos para que las empresas adopten medidas encaminadas a prevenir y detectar los cohechos internacionales; y una mejor protección de los denunciantes ante las represalias".

La OCDE, un organismo de cooperación internacional con 34 países miembros, hace referencia a "otras cuestiones que inciden sobre la independencia del poder judicial y de los fiscales, como el contacto del poder ejecutivo con los jueces, el uso de de procesos disciplinarios para presionar a jueces y el extraordinariamente alto número de vacantes judiciales y jueces sustitutos".

El informe destaca en cambio como "positivo" la apertura de investigaciones judiciales en varias de las diez acusaciones de supuesto cohecho trasnacional desde 2001, pero advierte "el lento avance" de las causas y lamenta la ausencia de los funcionarios judiciales en las reuniones con el grupo de trabajo.