Brasil: crisis en el gobierno de Dilma Rousseff

La cuestión agraria en Brasil causó hoy las primeras discordias en el nuevo gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, con un fuerte cruce entre dos ministros que discreparon sobre la existencia de latifundios en el país y la necesidad de avanzar o no con una reforma en el área.

El nuevo ministro de Desarrollo Agrario de Brasil, Patrus Ananias, instó hoy a ‘derrumbar las cercas del latifundio‘, apenas un día después de que la titular de Agricultura, Katia Abreu, negara en una entrevista que ese fenómeno de concentración de la propiedad exista en el país.

Ananias, histórico dirigente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), asumió hoy formalmente su cargo y rebatió las declaraciones de Abreu, una ganadera designada por Rousseff como nueva ministra de Agricultura, pese al firme rechazo de los movimientos de campesinos.

En una entrevista publicada ayer por el diario Folha de San Pablo, Abreu defendió la modificación del actual modelo de reforma agraria, mediante el cual se expropian tierras consideradas improductivas para ser distribuidas entre pequeños campesinos. En su opinión, "los latifundios no existen más", por lo que la reforma agraria no debe ser "masiva", sino centrarse en campesinos con "vocación" de trabajo, a los que, además de tierras, se les deben garantizar asentamientos "de calidad" y con la "estructura" necesaria para su labor.

En lo que fue interpretado como una obvia réplica a esa declaración, Ananias, cuya cartera es responsable de la reforma agraria, evaluó hoy que "no basta con derrumbar las cercas del latifundio", sino que "es preciso derrumbar también las cercas que nos limitan a una visión individualista y excluyente del proceso social".

De acuerdo con datos oficiales, el 1 % de los grandes empresarios del campo posee casi la mitad de las tierras cultivables en Brasil y, según organizaciones y movimientos sociales, entre ellos el Movimiento de los Sin Tierra (MST), unos 90.000 campesinos permanecen acampados en el país a la espera de ser incluidos en planes de reforma para el sector.

Sin embargo, los mismos movimientos calculan que, en realidad, la lista de personas que podría beneficiarse de la reforma agraria asciende a unos 5 millones, en su mayoría ya emigrados del campo hacia las periferias de las grandes ciudades.

Ananias admitió que la reforma agraria "es un tema que aún despierta polémicas y encuentra resistencias", pero consideró que es un asunto que debe ser resuelto mediante el "diálogo" democrático y bajo la óptica de los "derechos sociales", informaron las agencias EFE y DPA.

Según Ananias, "ignorar la existencia de las desigualdades y de la injusticia (en el campo) es una forma de perpetuarlas", por lo que el Ejecutivo tiene el deber de "ofrecer y garantizar la oportunidad de crecimiento" a los campesinos sin tierras, a fin de "tornar concreto el concepto de la función social de la propiedad".

Para su segundo mandato, que comenzó este 1 de enero, Rousseff incluyó entre sus 39 ministros a representantes de todas las fuerzas políticas que apoyaron su reelección, entre los que figuran dirigentes de la izquierda, el centro y la derecha.

Apenas seis días después del inicio del segundo gobierno de la mandataria, las dificultades que muchos analistas previeron en esa diversidad política se empezaron a manifestar en el sector agrícola. El MST, históricamente vinculado al gobernante PT, reaccionó frente a las posiciones de Abreu, a quien acusó de "representar los intereses de los segmentos más atrasados de la agricultura, que no alcanzan niveles mínimos de productividad, dañan el medioambiente y se valen del trabajo esclavo", tal como lo describieron en una nota publicada en su página web.

En la entrevista con Folha, Abreu también ratificó su posición contra las normas para delimitar las tierras indígenas, que es una responsabilidad del gobierno, y subrayó su apoyo a un polémico proyecto de ley que propone traspasar esa competencia al Congreso. Abreu también se plantó contra grupos indígenas que exigen una ampliación de sus reservas y declaró que la raíz del problema está en que los indios ‘han dejado las selvas‘ y pretenden expandir sus tierras hacia "las áreas de producción" agrícola. Esa declaración también fue condenada hoy por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), organismo vinculado a la Iglesia católica, que manifestó su ‘vehemente repudio‘ a la nueva ministra.