Arroyo Salgado pidió que se evalúe si necesita aumentar su seguridad y la de su familia

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, pidió hoy a la Justicia que evalúe si debe incrementarse la seguridad sobre ella y sus hijas.

El pedido fue realizado a su par Luis Rodríguez, quien investiga una causa por amenazas recibidas tanto por Nisman como su exesposa entre 2012 y 2013.

Arroyo Salgado reclamó que un experto en seguridad determine si la custodia sobre ella y sus dos hijas es suficiente o es necesario modificarla.
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Tras el pedido, el magistrado remitió la presentación al ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de María Cecilia Rodríguez, para que evalúe el planteo de la jueza.

El pasado jueves en declaraciones a la prensa, Arroyo Salgado aseguró que a Nisman "lo mataron" y descartó la hipótesis de suicidio o accidente, en base a peritajes realizados por expertos contratados por ella y que ahora serán citados por la fiscal del caso, Viviana Fein, para declarar y aportar más detalles.

Mientras tanto, se demora el peritaje sobre los teléfonos y las computadoras secuestradas en el departamento de Le Parc donde vivía el extitular de la Unidad Especial AMIA, a raíz de un planteo hecho por su exesposa para preservar la privacidad del contenido de aquello que no está vinculado con la
investigación.

El pasado lunes, la fiscal Fein había convocado a especialistas del departamento de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal para iniciar el análisis de los teléfonos celulares, Nextel y dispositivos informáticos que se encontraron en la escena del crimen el pasado 18 de enero.

El procedimiento se inició con la apertura de los paquetes que contenían los dispositivos y la certificación de que efectivamente eran los mismos que se habían registrado en la investigación, para así verificar que se trata de los mismos elementos.

Pero previo a iniciar el estudio de los equipos, la fiscal recibió un escrito de Arroyo Salgado advirtiendo sobre que de los mismos podía surgir información que es de índole privada y que nada tendría que ver con la muerte que se investiga.

Por ello pidió que se mantuviese en reserva e invocó el artículo 235 del Código Procesal Penal que establece pautas sobre el "secuestro" y la "apertura y examen de correspondencia" y que establece que "recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el juez procederá a su apertura en presencia del secretario, haciéndolo constar en acta".

"(El juez) Examinará los objetos y leerá, por sí, el contenido de la correspondencia. Si tuvieren relación con el proceso, ordenará el secuestro; en caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus representantes o parientes próximos, bajo constancia", indica.

Por ello, quedó suspendido el análisis de los equipos y ahora la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini deberá resolver el planteo de su par de San Isidro.