¿Ejecutan a discapacitado?

Condenado a la máxima pena tiene un retraso mental.
Lunes 30 de marzo de 2015
La Corte Suprema de Estados Unidos abordó este lunes el caso de un condenado a muerte cuyo retardo mental fue reconocida por la justicia federal pero no por la de su estado de origen, lo cual pone en cuestión las condiciones para exceptuar la aplicación de la pena capital.

Los nueve jueces del más alto tribunal del país escucharon este lunes los argumentos sobre el caso durante una hora y emitirán un fallo antes del verano boreal.

La Corte Suprema falló en otros dos casos que una persona con retraso mental no puede ser ejecutada, pero cedió a los estados federados la responsabilidad de determinar esa discapacidad.

La ley establece que un tribunal federal puede detener una ejecución con la única condición de que el tribunal de un estado haya sido “poco razonable” al examinar los hechos.

Este es el argumento de la defensa de Kevan Brumfield condenado a la máxima pena en Luisiana (sur) por el homicidio de una policía en 1993 durante un robo.

El abogado del condenado, Michael DeSanctis, alegó que su cliente había presentado “pruebas abrumadoras” de su retardo mental constatado desde su nacimiento.

Para la abogada del estado de Luisiana Premila Burns, el “tema del retraso mental no fue planteado” en el juicio.

Aunque el retraso mental de Brumfield era evidente durante el juicio en 2002, la ley de la época no prohibía la pena capital para los discapacitados mentales.

Después de que la Corte Suprema reglamentó el tema en 2002, la defensa argumentó que Brumfield debía ser eximido de la pena de muerte por su condición.

La defensa demandó entonces una audiencia y que se financiera una prueba para demostrar la condición intelectual del acusado, lo cual fue rechazado por el tribunal de Luisiana.

Sin embargo, un tribunal federal concedió la audiencia y más tarde sobre la base de nuevas pruebas, concluyó que el condenado era “un discapacitado intelectual y por ello no era apto para la ejecución”.

El estado de Luisiana apeló ante el tribunal federal, que anuló el juicio “por deferencia” de la justicia de ese estado.

La decisión de la Corte Suprema deberá definir si el tribunal de Luisiana fue “poco razonable” al tener solo en consideración el proceso y si violó los derechos constitucionales del condenado al negarle la posibilidad de justificar su retardo mental.