FIFA: argentinos involucrados apelan para evitar la cárcel

Alejandro Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis tienen pedido de captura internacional. Se los acusa de pagar coimas a entidades de fútbol para obtener contratos de comercialización y publicidad.
Viernes 29 de mayo de 2015
Los argentinos Alejandro Burzaco, CEO de Torneos y Competencias, y Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo dueños de una empresa de marketing relacionada con la AFA, apelaron hoy el rechazo de la exención de prisión para evitar quedar detenidos por el escándalo de corrupción que rodea a la FIFA.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que los abogados de los tres argentinos sobre los cuales pesa un pedido de detención con fines de extradición, apelaron ante el juez federal Claudio Bonadio.

Ahora el magistrado resolverá si concede las apelaciones para que la Cámara Federal defina si corresponde otorgar la exención de prisión a los tres acusados, para evitar quedar detenidos ante el pedido de captura vigente.

Los abogados de Jinkis, Juan José Sforza y Jorge Anzorreguy, aseguraron que no hay peligro de fuga y que los acusados tienen arraigo en la Argentina, a la par que remarcaron que no hay chance que entorpezcan la investigación pues el proceso judicial se lleva a cabo en los Estados Unidos.

Además, remarcaron que antes de llegar los pedidos de detención con fines de extradición a la Justicia argentina los empresarios se presentaron por medio de sus abogados.

El jueves, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó los pedidos de exención de prisión de Burzaco y los Jinkins: "comparto el criterio sustentado por el representante del Ministerio Público Fiscal, motivo por el cual habré de denegar la exención de prisión".

Bonadio ahora debe definir si concede las apelaciones de los argentinos, caso contrario podrían los abogados interponer una queja ante la Cámara Federal.

Los tres argentinos son acusados de pagar coimas a entidades de fútbol, como ser la Asociación del Fútbol Argentino o la Confederación Brasileña, entre otros, para obtener contratos de comercialización y publicidad.

Según documentación que recibió el juez Martínez de Giorgi, se los acusa de integrar una asociación ilícita con varios fines: de "llevar a cabo o participar, a sabiendas, en una extorsión relacionada con el fraude electrónico y otros delitos, que de algún modo involucran o afectan el comercio exterior o interno" y de emprender "un plan o artificio con el objeto de defraudar servicios honestos mediante el uso de comunicaciones electrónicas, radio o televisión, con el propósito de llevar adelante dicho plan o artificio".

También se los acusa de "llevar a cabo o intentar llevar a cabo una transacción comercial con las ganancias de una actividad ilícita".

El juez valoró que en su informe, la comisión de Interpol señaló que "de las diversas tareas llevas a cabo en virtud de las órdenes de detención libradas por este Tribunal arrojaron resultado negativo".