Código Procesal Penal: aprobado en Diputados

Además, envió para su promulgación al Poder Ejecutivo, los que establecen la organización y competencia de la justicia federal penal, la modifican el Código Penal en lo referido a las causales de suspensión del juicio a prueba, el nuevo régimen orgánico del Ministerio Público Fiscal y del de la Defensa y el régimen de subrogancias.

Los proyectos que modifican el Código Penal referidos a las causales de suspensión del juicio a prueba, la organización y competencia de la justicia federal penal y al nuevo régimen orgánico del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, están siendo debatidos en el marco de una sesión especial que se extendió hasta la medianoche.

El oficialismo convirtió en ley las iniciativas, que ya contaban con sanción del Senado, con el respaldo de sus propios diputados y algunos de sus tradicionales aliados, ya que la oposición adelantó en el marco del debate su rechazo a la mayoría de los dictámenes impulsados por el bloque del Frente para la Victoria.

El kirchnerismo aprobó además otro proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que apunta a regular el régimen de subrogaciones para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también contaba con media sanción del Senado.

Se trata de una iniciativa que propone que "en casos de licencia, suspensión o vacancia de los jueces de los tribunales inferiores es atribución del plenario del Consejo de la Magistratura designar jueces subrogantes en los casos de licencia o suspensión del titular y en casos de vacancia para los tribunales inferiores de acuerdo a la normativa legal vigente".

Durante el debate, la diputada nacional Diana Conti (Frente para la Victoria) señaló que la falta de apoyo de la oposición a los proyectos que se debaten hoy "lo único que hace es hundir a la democracia y no respetar la soberanía popular".

"Con este proyecto se busca hacer de un proceso penal algo transparente" a pesar de las consideraciones "difamatorias del Diario La Nación y del monopolio mediático", agregó. Y expresó: "Este proyecto nacional va a seguir andando, asegurando justicia y mayores derechos; porque algo Néstor y Cristina tuvieron la grandeza de tomar grandes luchas populares, hacerlas banderas y llevarlas hasta la victoria."

Por su parte, la también kirchnerista Anabel Fernández Sagasti respondió a los cuestionamientos de la oposición por el no traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, al aclarar que "se ha paralizado la aceptación de un tercer convenio porque no solo reclaman el traspaso, sino también con cargos y presupuesto". Y se preguntó: "¿Por qué todas las provincias tenemos que hacernos cargos de nuestra justicia y a su vez pagarle la de la Ciudad de Buenos Aires cuando se traspase?", por lo que consideró a la demanda como "un planteo que en pleno siglo 21 está fuera de la historia".

La oposición –encabezada por el radicalismo- hizo hincapié en sus críticas a las reformas introducidas a la Procuración General de la Nación; mientras que el PRO también centró sus objeciones a la organización de la justicia nacional, ya que allí consideró está en juego las atribuciones que se transferirán a la Ciudad de Buenos Aires.

El radical Manuel Garrido dijo que "no se comprende la decisión de limitar la reforma a la Justicia penal nacional que funciona en la Ciudad de Buenos Aires y no aplicarla en los Juzgados Federales que se ocupan de los delitos de criminalidad económica, narcotráfico, corrupción y trata de personas. En lugar de eficientizar la Justicia que afecta más gravemente la convivencia social, estamos modificando la Justicia que se dedica a los delitos contra la propiedad".

En tanto, el macrista Pablo Tonelli consideró que el proyecto "viola la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dado que la Justicia Nacional en lo Penal de la Capital Federal está destinada a ser traspasada a la Ciudad y el Congreso Nacional carece de atribuciones para ordenarla".

Por el Frente Amplio Progresista, Juan Carlos Zabalza (Socialista) expresó que "el paquete de leyes en tratamiento no van en el camino de asegurar una mayor independencia y transparencia de la Justicia; deben incorporar otro tipo de modificaciones".