Dilma y Lula cercados por los casos de corrupción

La popularidad de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se hundió a un nuevo mínimo y cada vez más brasileños quieren que sea sometida a un juicio político, ante un creciente escándalo de corrupción y la grave desaceleración económica, muestran los últimos sondeos de opinión.

Las cifras son otro revés para Rousseff, que enfrenta críticas desde sus propios compañeros del Partido de los Trabajadores (PT) por las medidas de austeridad que su Gobierno adoptó para proteger la calificación de grado de inversión del país.

La encuesta de CNT/MDA mostró que el índice de aprobación a su Gobierno cayó a un 7,7 por ciento, frente a un 10,8 por ciento en el sondeo de marzo, mientras que un 70,9 por ciento califica negativamente su administración, en comparación a un 64,8 por ciento en marzo.

El número de los que respondieron al sondeo y que favorecen un juicio político a Rousseff por un enorme escándalo de pagos de coimas en la petrolera estatal Petrobras subió a 62,8 por ciento desde 59,7 por ciento hace cuatro meses.

Las acciones preferentes de Petrobras subieron cerca de un 3 por ciento tras la publicación de la encuesta. Muchos inversores creen que una impugnación a la mandataria conduciría a una mejor gestión de la petrolera.

Los brasileños que quieren que se realice un juicio político desean que Rousseff sea destituida por las prácticas de corrupción dentro de Petrobras, empresa que dirigió antes de llegar a la presidencia de Brasil, en 2011.

El sondeo muestra que muchos de quienes quieren un proceso político contra la mandataria citan también las presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña y del mal manejo contable del Gobierno durante su primer período.

Según la encuesta una gran mayoría de los brasileños -un 84,6 por ciento- cree que Rousseff es incapaz de manejar la peor desaceleración económica que ha sufrido el país en 25 años, con un Producto Interno Bruto que se prevé se contraerá un 1,7 por ciento este año.

Se investiga a más de 50 políticos, principalmente de la coalición de Gobierno de Rousseff, por sobornos recibidos por las principales firmas de construcción e ingeniería de Brasil que se habrían derivado de los sobreprecios cobrados a Petrobras.

A Rousseff no se la está investigando, pero sus detractores piden que enfrente un juicio político, lo que exigiría pruebas de que su campaña electoral fue financiera con dinero de sobornos.

Rousseff y el PT dicen que todas las donaciones a su campaña fueron legales.

Este mes, la consultora de riesgo político Eurasia subió a 30 por ciento desde 20 por ciento las posibilidades de que a Rousseff se la someta a una impugnación, para lo que se necesitaría un poco probable acuerdo entre sus aliados del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y los opositores del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El sondeo de MDA, encargado por la Confederación Nacional de Transportes (CNT), contempló entrevistas a 2.002 personas entre el 12 y el 16 de julio.