Piden 18 años para Cirigliano y 15 para Jaime y Schiavi

Los abogados querellantes pidieron 15 años de prisión para los ex secretarios de Transporte de la Nación, y 18 para el ex dueño de Trenes de Buenos Aires, por la tragedia ferroviaria de Once.
Miércoles 9 de septiembre de 2015
Los abogados querellantes Leonardo Menghini Rey y Leila Leiva pidieron hoy 15 años de prisión para los ex secretarios de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, y 18 para el ex dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA) Sergio Claudio Cirigliano, por la tragedia ferroviaria de Once.

Además, solicitó se investigue al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por su presunta "participación criminal" en el hecho.

La querella también solicitó penas de entre 10 y 16 años de cárcel para los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero, y para 22 ex directivos de TBA, así como la absolución del maquinista Marcos Antonio Córdoba.

"Justicia para las víctimas y los heridos de la tragedia de Once", cerró entre lágrimas su alegato Menghini Rey, quiena demás de abogado del caso es el tío de Lucas Menghini Rey, la última víctima fatal en ser encontrada tres días después, a pesar que estaba dentro de una cabina del cuarto vagón del tren.

"Lucas iba a trabajar a un call center porque tenía una nena de cuatro años. Fue papá a los 16 años, era músico. TBA lo condicionó a viajar como viajó. Y tenía que hacerlo porque si no, perdía el presentismo", recordó Menghini Rey la historia de Lucas, lo mismo que hizo con otras víctimas de la tragedia.

Menghini Rey también criticó a la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, que dijo que Lucas viajaba en un lugar prohibido: "Dijo que Lucas viajaba en un lugar prohibido burlándose de las víctimas, de los pasajeros y de todos los argentinos".

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó con un andén de esa estación y provocó la muerte de 52 personas y dejó heridas a más de 700. El abogado acusó a todos los imputados de los delitos de estrago doloso y administración fraudulenta, y se diferenció de las querellas de Jesús García y Javier Moral, que ayer responsabilizaron por la tragedia solamente al maquinista, para quien pidieron la pena de 22 años de prisión.

"Todos los imputados tuvieron el dominio del hecho. Pusieron un tren a circular a sabiendas de que podía ocurrir lo que pasó y lo hicieron igual. Nadie hizo nada para evitar lo que pasó", dijo la letrada Leiva en su alegato.

Sobre los funcionarios públicos señalaron que "actuaron en clara convivencia con los particulares acusados".

"A Cometrans (la empresa controlante de TBA) le pagaban por un servicio que no cumplía", indicó la querella y completó que "la conclusión es que el Estado financiaba las ganancias de Cometrans, y esto lo sabían todos los funcionarios".

Además, recordó que "la revolución ferroviaria (que implementó el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo) llegó después de la tragedia".

"Se incumplió el control que obligaba el contrato de concesión y se desoyó los informes de la Auditoria General de la Nación", agregó.

Respecto de Jaime y Schiavi, señaló Menghini Rey que tenían el deber de "supervisar" a TBA, y que "estaban en cabal conocimiento de las graves deficientes de TBA, pese a lo cual permitió continuar con la operatoria".

La querella también pidió que se investigue por su participación en el hecho a otras tres personas, y por falso testimonio al perito oficial Raúl Díaz.

El abogado explicó que, como secretarios de Transporte, dependían del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de De Vido, por lo cual pidió que éste sea investigado.

Menghini describió que el chapa 16, el tren que chocó en la estación de Once, "tenía óxido, falta de compresores, le faltaba un freno, el furgón estaba desmantelado, y tenía las ventanas, las puertas y los asientos en mal estado".

Para Sícaro y Ochoa Romeo, a cargo de la CNRT, la querella solicitó la pena de 12 años de prisión.
El letrado señaló que TBA, la empresa que operaba la línea Sarmiento, malversó los subsidios que le daba el Estado: "TBA pagaba el sponsoreo de un auto de Turismo Carretera de uno de los directivos del grupo"; "pagaba vuelos privados en Bayres del Sur" y "pagaba la obra social de un hermano de los Cirigliano, la señora y los hijos".

El mayor pedido de pena, 18 años de prisión, recayó en Sergio Cirigliano porque "era quien estaba a cargo de la compañía" que explotaba la línea Sarmiento.

Al único acusado que eximieron de responsabilidad fue al maquinista Córdoba, porque "no poseía alcohol en sangre ni sufría de epilesia", y además porque "no pudo preverse el estrago doloso".

El juicio continuará el próximo lunes a las 9, cuando haga su alegato la última querella, a cargo de la abogada Patricia Anzoátegui.