Las provincias recuperan el 15% de la coparticipación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que es inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Anses.

Se trata del decreto del Poder Ejecutivo que redujo en 2001 la coparticipación federal de impuestos sin autorización del Congreso de la Nación y pidió un nuevo régimen que deberá encarar el gobierno entrante de Mauricio Macri.

Además, prohibió al Ejecutivo reducir el monto de fondos coparticipables y pide el dictado de un nuevo régimen de reparto, lo que queda pendiente en vistas de la asunción del próximo Gobierno a partir del 10 de diciembre próximo.

La decisión contó con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, quien dijo en declaraciones a NA que se trata del "fallo más importante" que emitió el máximo tribunal en materia de coparticipación hasta el momento.

El fallo determinó la inconstitucionalidad de los artículos 1° inciso "a" y 4° del decreto 1399/01 del Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa en noviembre de 2001, en plena crisis económica, financiera y social.

Ese decreto estableció una deducción de recursos coparticipables equivalente (en la actualidad) al 1,9 por ciento de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros, cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP.

En los casos de San Luis y Santa Fe, la Corte consideró que esos fondos eran coparticipables, y en consecuencia que debían devolverse todos y cada uno de los recursos retenidos a las provincias por aplicación de ese decreto.

Los jueces argumentaron que la deducción fue dispuesta por el Ejecutivo para financiar la operatoria de la AFIP sin que haya mediado ningún acuerdo por parte de las provincias que ahora reclaman, y que lo hizo sin autorización del Congreso Nacional.

La Constitución Nacional, según la Corte Suprema, no permite que el Poder Legislativo delegue al Presidente la facultad de establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables.