Griesa fijó al menos dos audiencias en diciembre por litigio

El juez del distrito sur de Nueva York, Thomas Griesa, fijó hasta el momento dos audiencias para diciembre, para tratar el caso argentino de los bonos en default.

La primera audiencia se llevará a cabo el martes, a las 14.30 hora de Nueva York, (16.30 hora argentina) donde se buscará avanzar en el alcance de una denuncia inicial de acción colectiva de bonistas, que data desde el 2004. Este será el último encuentro judicial que se llevará a cabo durante la administración kirchnerista.

En esta oportunidad tratarán de determinar el número de tenedores originales de esa denuncia, que no ingresaron a los canjes 2005 y 2010, en el marco de una presentación formulada para incluirlos en una acción colectiva contra la Argentina, luego que la Corte de Apelaciones le ordenara en agosto pasado al magistrado acotar un fallo anterior solamente a este tipo de bonistas "originales".

Con información solicitada a bancos, Griesa intentará precisar el alcance y el volumen de los bonos en default del grupo en cuestión, a fin de estimar el daño y evaluar el monto del resarcimiento más el pago de intereses de la deuda.

Estos bonistas buscan plegarse al resarcimiento previsto por el juez Griesa para los fondos buitre que ganaron con el fallo "pari passu".

Para reunir esta información Griesa autorizó a los holdouts adelantaron a remitir pedidos a entidades como la Caja de Valores, Euroclear, y las entidades Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) y Deposit Trust Company de EEUU, además de solicitar información a Japón y Hong Kong.

La segunda audiencia, será el próximo 17 de diciembre, será la primera que tendrá a Mauricio Macri como presidente en funciones.

Se trata de una audiencia por la emisión de BONAR 24, la que se debatirá si la colocación tiene carácter de internacional y por ende puede o no estar sujeta a sus fallos de bloqueo, según consignaron agencias internacionales.

La emisión total de BONAR 2024 se extendió a unos 5.500 millones de dólares, de los cuáles 3.200 millones fueron para pagar YPF y luego se hicieron otras tres colocaciones por unos 2.300 millones de dólares.

Los acreedores le solicitaron a Griesa que, aunque los títulos fueron emitidos bajo ley local, la operación debe ser calificada como 'deuda externa' y por ende puede estar alcanzada por las cláusulas de bloqueo que el magistrado mantiene sobre los servicios de deuda reestructurada del país.