La trama secreta para que la ex SIDE aporte pistas a la Justicia

La localización del aguantadero de los prófugos inició un vínculo que llevará adelante la investigación. ¿Por qué el Gobierno abrió una causa en la Justicia Federal?
Viernes 8 de enero de 2016
Espías de la AFI descubrieron la pista de Marcelo “El Faraón” Malnyk y la aportaron los datos al Gobierno bonaerense. El 29 la Justicia provincial detuvo en Florencio Varela a éste, sospechado de haberles dado el primer apoyo logístico a los Lanatta y a Schillaci.

Pero antes, se presume, se filtraron datos sobre el seguimiento y los fugados se escaparon. Dos días después se tirotearon con efectivos de la Bonaerense en Ranchos. Desde allí se perdió el rastro y comenzó un intercambio de quejas subterráneas entre el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y la AFI de Gustavo Arribas.

A la par aumentaron las sospechas sobre sectores de la Bonaerense y la Justicia provincial, permeables a la banda de narcos que integraba Lanatta.

El fiscal provincial de Azul, Cristina Citterio, estaba enfocando la búsqueda en el Sur del Gran Buenos Aires, pero los fugados, gracias al “soporte santafesino”, pudieron llegar, a través de caminos rurales, hasta el Sur de Santa Fe con la intención de llegar a alguna frontera para escaparse a otro país.

Así se decidió un cambio de estrategia de la que participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Presentó una denuncia penal ante el juez federal Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello para tratar de pasar la investigación de la fuga a la Justicia Federal. Ayer Di Lello hizo el requerimiento de instrucción–es decir aceptó abrir una causa penal– y doce horas después oficiales de la Gendarmería pidieron a Torres allanar tres edificios en construcción ubicados en el pueblo de San Carlos Sur, Santa Fe, donde estaba el “aguantadero” de los fugados.

Altas fuentes gubernamentales afirmaron que las pistas sobre la ubicación de los prófugos en San Carlos “las suministró la AFI”, pero primero necesitaba una causa federal para actuar en forma legal.

“Además, a diferencia del kirchnerismo, Arribas y Silvia Majdalani negaron que los prófugos fueron cercados por agentes armados de la AFI y luego se inventara una intervención policial para cumplir con las formalidades de la Justicia”, afirmaron las fuentes. Otras pistas también llegaron desde Inteligencia de la Gendarmería y de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, que dirige el comisario Néstor Roncaglia, contaron fuentes judiciales.

A San Carlos se llegó por la realización de “un cuadro de relaciones familiares, sociales, comerciales y mafiosas de Lanatta” que se maneja en el Gobierno en forma reservada. En ese cuadro, encontró a dos personas que dieron el dato de la localización a cambio de pasar a ser testigos protegidos de la Justicia. Anoche, los informantes tenían mucho miedo y el juez Torres se encargaba personalmente de su protección.

La ubicación de los prófugos era la prueba de fuego de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quienes tratan de tomar el control de una estructura de inteligencia politizada por el kirchnerismo. “Pusieron a 700 pibes de La Cámpora y el Movimiento Evita y echaron a 300 profesionales”, se quejan en el edificio de 25 de Mayo 11.

Pero saben que esta banda del crimen organizado no se termina con el operativo cerrojo sobre los fugados. La AFI “está colaborando” con la detención del acusado de haber sido el autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez y financista de la efedrina y la política, Ibar Pérez Corradi. Durante los últimos tres años de la gestión de Cristina Kirchner, la AFI y las fuerzas de seguridad federal no pudieron o no quisieron detener a Pérez Corradi, quien tiene un pedido de extradición de EE.UU.