Sala sigue presa, el acampe no se va y podrían ser desalojados

Luego de que el juez Gastón Mercau rechazara el hábeas corpus presentado a favor de la liberación el Gobierno de Morales avisó que no descarta desalojar la plaza central de la capital provincial.
Martes 19 de enero de 2016
La dirigente kirchnerista Milagro Sala continuaba hoy detenida tras sumar otras denuncias penales en su contra, mientras la organización que lidera, Tupac Amaru, confirmó que mantendrá el acampe de protesta en la plaza principal de la capital jujeña, que el Gobierno de Gerardo Morales no descartó desalojar.

Luego de que el juez Gastón Mercau rechazara el hábeas corpus presentado a favor de la liberación de Sala, el Gobierno de Morales avisó que no descarta desalojar la plaza central de la capital provincial, que se encuentra ocupada desde hace 35 días y presentó dos denuncias penales contra Sala, exfuncionarios de la gestión anterior del peronista Eduardo Fellner, y cooperativistas.

Sin embargo, la Tupac Amaru ratificó la medida de fuerza a la espera de la liberación de su líder y, a través de un comunicado, advirtió: "No vamos a descansar hasta que liberen a Milagro y cada uno tenga el derecho fundamental del trabajo".

La Tupac Amaru calificó de "arbitraria detención de la diputada del Parlasur", que se encuentra desde el sábado pasado en la Comisaría de la Mujer N° 49 de San Salvador de Jujuy, y solicitó al Gobierno de Morales la "apertura del diálogo que garantice la continuidad de los puestos de trabajo de los cooperativistas".

Raúl Noro, esposo de Sala, condujo una asamblea realizada en la plaza Belgrano, de la que participaron referentes de La Cámpora y trotskistas, además de dirigentes sociales y legisladores nacionales, entre otros, durante la cual informó que la dirigente decidió suspender la huelga de hambre "por pedido de sus seguidores".

En tanto, el ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, no descartó desalojar la plaza "sin armas letales" y rechazó cualquier tipo de dialogo con Sala respecto de la "intermediación" de su organización con las cooperativas.

Meyer subrayó que si la Justicia ordena el desalojo de la plaza Belgrano, lo hará en primera instancia "sin ningún tipo de armas letales, simplemente con la policía" y con personal femenino e indicó que en ese espacio público "pernoctan entre 150 y 180 personas".

En diálogo con radio Vorterix, el funcionario del radical Morales sostuvo que "las cosas que están reclamando están garantizadas con el solo hecho de ir a reinscribirse y reempadronarse" en el nuevo sistema de giro de fondos para cooperativas de trabajo y resaltó la "vocación de diálogo" del gobernador.

También por parte del Gobierno el fiscal de Estado, Mariano Miranda, negó que Sala sea una "presa política", como denunciaron dirigentes kirchneristas, y señaló que a la líder de la organización Tupac Amaru se le imputan "delitos comunes", en este caso "instigación a la violencia y tumulto".

En un intento para debilitar el acampe, el gobernador radical amplió esta semana los beneficios a las cooperativas que se registren en el nuevo sistema, que justamente quita a la Tupac Amaru del manejo de dineros del Estado provincial.

El acampe, que esta semana se trasladó a la plaza Belgrano, luego de permanecer un mes en las calles circundantes, lo que impedía el tránsito vehicular, fue perdiendo apoyo: de las 80 cooperativas que se encontraban inicialmente este martes había poco más de una decena.

Este martes, además, Morales redobló la apuesta contra Sala en la Justicia: la denunció penalmente por cometer los delitos de "asociación ilícita" y "fraude a la administración pública", en sendas causas por la no rendición de cuentas de fondos del Estado provincial por 1,5 millón y 29 millones de pesos.

NA tuvo acceso a las dos denuncias, presentadas ante la fiscal de Investigación Penal N° 1, Liliana Fernández de Montiel: la primera involucra a los titulares de 13 cooperativas, así como al exvocal social del Instituto de la Vivienda Pablo Tolosa y al expresidente de ese organismo Lucio Abregú, ambos funcionarios de Fellner, a la que se suma otra, por 29 millones de pesos, en la que están involucrados Sala, Tolosa, Gutiérrez y los responsables de tres cooperativas.