Afirman que no hay riesgo de nuevos juicios por acuerdos firmados con buitres

Los abogados que representan a la Argentina en los Estados Unidos afirmaron que los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010 no tienen fundamento legal para pedir la misma compensación que quienes aceptaron la oferta realizada por el gobierno de Mauricio Macri.

El estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton escribió un memo en el que afirma que, dado que la cláusula denominada "Derechos sobre Ofertas Futuras" (o "RUFO") perdió vigencia el 1ro de enero del 2015, los acreedores que aceptaron las quitas en ambos canjes ya no tienen derecho a reclamara un trato igualitario con aquellos que se sumen a este nuevo acuerdo.

Ante la consulta del Gobierno sobre la posibilidad de que algún juez de Nueva York pueda exigirle esta equiparación, Cleary indicó que "todas las medidas que llevan a los acuerdos de resolución con diferentes partes demandantes en el contexto del litigio llevado a cabo ante el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York (el "SDNY") ocurrieron desde que la administración del Sr. Macri tomó el mando el 10 de diciembre de 2015, luego de que venciera la cláusula RUFO en virtud de sus términos, el 31 de diciembre de 2014".

Dado que por la ley de Nueva York, precisaron, "cuando las partes ponen por escrito su acuerdo en un documento claro y no ambiguo, su redacción se ejecutará de acuerdo con el significado puro de sus términos".

Por lo tanto, "un tribunal de Nueva York debería determinar que los Bonistas del Canje están limitados a los derechos y obligaciones tal como se establece en los términos puros de los documentos de los bonos (títulos globales y del contrato)".

De este modo, "dado que los Bonistas del Canje acordaron una cláusula RUFO de tiempo limitado que ya venció y no acordaron una restricción similar a la cláusula RUFO o a las Leyes Cerrojo de que permanezcan vigentes luego de 2014, los Bonistas del Canje no deberían tener una base en virtud de la ley de Nueva York para exigir compensación adicional como consecuencia de los acuerdos pendientes de la República con los acreedores holdouts"

También opinaron que la derogación de la ley cerrojo -establecida antes de ambos canjes para asegurar una mayor participación, pero que fue clave para la condena al país en el caso del pari passu- no generará un perjuicio legal adicional.

"Nada en los fallos de SDNY o el Segundo Circuito apoya, o apoyaría, una demanda legal o equitativa por parte de los Bonistas del Canje que busque compensación adicional sobre la base de la derogación de las Leyes Cerrojo. En efecto, cualquiera de dichas demandas sería inconsistente con la visión de SDNY de que la sanción de las Leyes Cerrojo era parte de la conducta que violó la cláusula pari passu", expresaron los abogadosLee C. Buchheit y Andrés De la Cruz.

El kirchnerismo azuza el temor de que se generen nuevos juicios con el argumento de que los acreedores que aceptaron esta nueva oferta presuntamente recibieron una quita mucho menor que aquellos que entraron a los canjes, sin tomar en cuenta la evolución de los pagos recibidos por este 93 por ciento de los bonistas.

El oficialismo logró esta semana dictamen de mayoría en la cámara de Diputados para derogar esa ley, la ley de pago soberano y convalidar tanto el pago a los holdouts como la emisión de deuda. Las comisiones de Finanzas, liderada por Eduardo Amadeo, como de Hacienda y Presupuesto, Luciano Laspina, contuvieron el debate sobre esta cuestión, en el que el kirchnerismo -que llevó al país a un nuevo default en 2014- manifestó su rechazo y emitió un dictamen de minoría.