Los Sauces: Cristina y Máximo, imputados por coimas

Fue por decisión del fiscal federal Carlos Rívolo a raíz del alquiler de inmuebles de la empresa a Lázaro Báez y Cristóbal López. Hizo lugar a un planteo de la denunciante Margarita Stolbizer.
Jueves 12 de mayo de 2016

La ex presidenta Cristina Fernández, junto a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, fueron imputados hoy por coimas en la causa conocida como "Los Sauces", mientras se ordenó analizar el papel del diputado nacional Máximo Kirchner, también accionista de la sociedad bajo sospecha.

Según indicaron a DyN fuentes judiciales, como medida previa a la imputación el fiscal Carlos Rívolo solicitó establecer si hubo dividendos cobrados después de diciembre último, cuando Máximo Kirchner pasó a ser un funcionario público como diputado de la Nación por el Frente para la Victoria.

Es que el delito de cohecho prevé una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para "el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones".

El fiscal amplió así la imputación original sobre la ex presidenta, puso en la mira a su hijo Máximo -a quien junto a su madre ya había acusado por enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público- y añadió en la lista de sospechosos en esta causa a los empresarios kirchneristas.

Se trata del expediente que investiga los negocios inmobiliarios de la familia Kirchner a través de la firma "Los Sauces SA", donde los principales inquilinos fueron Báez (hoy detenido por la causa por lavado o "ruta de dinero K") y López (imputado por maniobras con el impuesto a los combustibles).

Es una operatoria similar a la que se investiga en "Hotesur SA", en la que la defensa de la ex presidenta apunta a que Bonadio sea apartado del expediente y pase a la órbita del juez Julián Ercolini.

La composición accionaria de "Los Sauces SA" está integrada con 45 por ciento de Cristina Fernández, 32,5 de Máximo Kirchner y 22,5 por ciento de Florencia Kirchner, de acuerdo al reparto con la sucesión de Néstor Kirchner.

Apenas comenzó la causa, a principios de abril, Rívolo había imputado a la ex presidenta y a su hijo por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos, pero la noticia recién se supo hace dos semanas porque el expediente pasó a estar en secreto de sumario.

Allí se ponía la lupa en los alquileres de inmuebles de "Los Sauces" a las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, de Cristóbal López, y a Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank & Costilla, de Lázaro Báez.

El viernes pasado Bonadio ordenó allanamientos a los consorcios que administraban propiedades de la ex presidenta, entre ellos un departamento en el emblemático edificio Madero Center -en Puerto Madero-, donde también funcionaba la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

Al mismo tiempo, la diputada Stolbizer presentó un escrito en donde amplió la denuncia original y pidió investigar el delito de cohecho, es decir, coimas.

"En Hotesur la devolución de los favores se hacía a través del alquiler de habitaciones. Con Los Sauces, la devolución de favores se hacía mediante el alquiler de inmuebles a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López", señaló Stolbizer.

Según la presentación, "Los Sauces SA" era titular de ocho inmuebles(dos departamentos con cochera en Puerto Madero, dos lotes en El Calafate, dos lotes en Río Gallegos, un lote en el Chaltén y una casa en Río Gallegos) y "no tuvo demasiados movimientos hasta 2008, año en el que comienza a realizar sus inversiones inmobiliarias" y todos los bienes eran alquilados a "empresas de Lázaro Báez y firmas de Cristóbal López".

Stolbizer hizo hincapié en "el modo irregular en el que se adjudicaba la obra pública a las empresas de Lázaro Báez" y señaló que "en forma paralela Cristina Fernández de Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado".

"Lisa y llanamente el delito de cohecho en su expresión mas burda", sostiene el escrito al que accedió DyN y que lleva la firma de la abogada Silvina Martínez.

Según la presentación, "a la par que resultaba beneficiado con contratos del Estado y desaparecían los controles del Estado, aumentaban los vínculos comerciales con la familia Kirchner, existiendo un intercambio de favores existente entre Lázaro Báez (contratistas de obra pública) y Cristina Kirchner como presidenta de la Nación, utilizándose la pantalla de alquileres de propiedades, entre otras operaciones comerciales".

Y señaló que "no solo Lázaro Báez recibía como contrapartida más obra pública, sino que también obtenía beneficios que implicaban falta de controles por parte de diferentes organismos que debían fiscalizarlo. El retorno lo pagaba directamente a la Presidenta de La Nación".