Lanzan blanqueo de capitales y pago de juicios a los jubilados

Ambas medidas serán impulsadas a través del Congreso. El paquete también incluiría un régimen de promoción a las pymes y cambios en la coparticipación de impuestos con las provincias.
Miércoles 25 de mayo de 2016
El gobierno anunciaría el próximo viernes un proyecto de ley para efectivizar el pago de juicios a jubilados con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, regular los procesos que aún siguen su curso y actualizar los haberes, una medida que impactaría en 1 millón de beneficiarios e implicaría el desembolso de 2 mil millones de pesos.

Así lo informaron fuentes de la Casa Rosada, que indicaron que "todavía restan definir algunos detalles" pero "es una posibilidad que se anuncie el viernes".

"La idea es financiarlo con las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y entre juicios con sentencia firme y procesos iniciados, la iniciativa podría alcanzar a 1 millón de beneficiarios", informaron los voceros.

Desde Casa Rosada, además, detallaron que se trata de "una primera etapa", con un proyecto que busca que "aquellas personas que tienen los juicios iniciados puedan acogerse a los beneficios de la ley, y renunciar a seguir el proceso judicial".

Por otro lado, anunciaría el mismo día el blanqueo de capitales, que incluirá una amnistía fiscal y una moratoria impositiva.

El blanqueo tendrá diferentes alícuotas y no se establecerá un costo adicional si se trata de dinero que quede en el exterior o si es repatriado al país.

Además, establecerá varias alícuotas según el tipo de inversión que se realice, premiando el aporte para proyectos productivos.

Los voceros explicaron que el presidente Mauricio Macri lo explicó en el programa que grabó con la conductora televisiva Mirtha Legrand y que se difundirá este fin de semana por Canal 13.

Por otra parte, se podrá blanquear a través del pago en efectivo o en bonos del Tesoro.

El blanqueo establecería una alícuota máxima del 8% y tasas decrecientes, según el tipo de inversión que realice quien adhiera a este esquema, que buscará superar con creces el fracasado blanqueo del kirchnerismo 2013-2015.

La ley recibiría el nombre de "Exteriorización de dinero y bienes en el país, y en el exterior y de regularización patrimonial".

En el capítulo de exteriorización voluntaria de moneda nacional, extranjera y bienes en el país y en el exterior, se establece el blanqueo o amnistía fiscal y comprendería los períodos fiscales no prescriptos a la fecha de aprobación de la ley y finalizados en diciembre del año pasado.

En el borrador se fija un plazo inicial de seis meses para la declaración en entidades bancarias o financieras en el país o en el exterior de lo que se quiere blanquear incluyendo bienes a nombre de la esposa o hijos del que realiza la presentación.

El proyecto también abre la posibilidad de regularizar bienes que hayan sido declarados originalmente, pero luego se hayan fugado del país sin ser registrados, con una tasa del 4 por ciento.

También contempla, la posibilidad de regularizar seguros de vida del exterior, fondos comunes de inversión, tenencias en efectivo de moneda local y extranjera y acciones, entre otros activos.

El proyecto respeta las amnistías fiscales promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde) antes del inicio del intercambio tributario informativo entre más de 100 países que arrancará en 2017.

Los contribuyentes que adhieran al blanqueo según las versiones sobre el anteproyecto, quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido al declarar ganancias, a la transferencia de inmuebles, al cheque, IVA, internos, ganancia mínima presunta y, bienes personales.

No podrán acceder al blanqueo los contribuyentes en quiebra, que tengan denuncias penales de la AFIP, estén imputados por delitos vinculados a lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, ejerzan o hayan ejercido la función pública, además de los contratistas del Estado.