Procesaron y embargaron al gendarme “carancho”

Lo investigan por presuntamente haberse arrojado sobre un automóvil durante una movilización de trabajadores.
Martes 31 de mayo de 2016
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó sin prisión preventiva pero con un embargo de medio millón de pesos al gendarme Juan Alberto López Torales, por presuntamente haberse arrojado sobre un automóvil durante una movilización de trabajadores.

La jueza dictó el procesamiento en relación a los delitos de “falso testimonio y privación ilegal de la libertad agravada”, por los hechos ocurridos el 30 de julio del 2014, en la autopista Panamericana, durante una protesta de trabajadores despedidos de la multinacional Lear.

López Torales fue procesado por haberse arrojado sobre el vehículo que conducía uno de los participantes en la movilización, Christian Romero, fingiendo que había sido atropellado por éste.

Romero relató: “Me apresto a poner primera marcha y arrancar el vehículo cuando, súbitamente, un gendarme de enormes proporciones directamente se arrojó sobre el vehículo Chevrolet que conducía. Se trató de López Torales. Con toda su humanidad se había tirado sobre el capot provocando una importante abolladura y con su codo golpeó fuertemente el parabrisas haciendo estallar los cristales”.

La jueza Arroyo Salgado había indagado a López Morales a fines del año pasado, a instancias del fiscal federal Fernando Domínguez, pero no fue sino hasta ahora que resolvió su situación procesal.

La magistrada también dispuso el procesamiento de Roberto Ángel Galeano, un militar retirado quien prestaba servicios en el área de seguridad a cargo del ex secretario Sergio Berni, por el delito de “privación ilegal de la libertad agravada por simulación de autoridad pública”.

En cambio la jueza dispuso el sobreseimiento del resto de los imputados, Alberto Daniel Larraburu, Héctor Antonio Herrera Medina, Sandro Javier Garnica, David Héctor Aguilera y Walter Gerardo Rodríguez.

Los dos primeros fueron acusados por el fiscal de “privación ilegal de la libertad y falso testimonio”, y los otros dos por “falsedad ideológica”.