Prisión preventiva a senador por corrupción

El legislador conservador Jaime Orpis está acusado de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios para costear sus campañas políticas.
Viernes 17 de junio de 2016
Un tribunal chileno ordenó el encarcelamiento preventivo de un senador derechista tras acoger denuncias que lo acusan de supuesto cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios para costear sus campañas políticas.

Jaime Orpis, que había sido desaforado como senador para enfrentar el juicio, es el primer parlamentario que irá a la cárcel por los escandalosos casos de financiamiento irregular de la política, después de que una Corte de Apelaciones acogiera los argumentos del Ministerio Público de que el imputado representa "un peligro para la seguridad de la sociedad".

La medida cautelar es para investigar acusaciones de que el senador presuntamente representó los intereses de una poderosa compañía pesquera -Corpesca- y la favoreció en la discusión de leyes sobre el rubro, a cambio de millonarios beneficios económicos para el financiamiento de sus campañas electorales.

Además, el parlamentario, de 59 años, usó también los dineros para pagar sus tarjetas de crédito, la lavandería, incluso su membresía en un Club de Yates, entre otros gastos, según las acusaciones del Ministerio Público.

La resolución de la Corte de Apelaciones revocó así un fallo de un tribunal de Garantía capitalino, que hace algunas semanas decretó el arresto domiciliario de Orpis, un senador de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), formación a la que renunció tras el inicio del juicio.
Rechazan acusaciones

Abogados del legislador rechazaron la medida cautelar tras considerar que su defendido nunca incurrió en los delitos de que se le acusa ni actuó en el Senado en representación de los intereses de la pesquera, pues al votar los proyectos de ley siempre lo hizo "siguiendo el acuerdo político o las recomendaciones, en la medida de su criterio personal".

En tanto, dirigentes de su colectividad calificaron la medida de "excepcionalmente dura". El diputado opositor Juan Antonio Coloma, jefe de bancada de la formación conservadora, criticó que la misma disposición no se tenga con sectores políticos vinculados al oficialismo.
La persecución de estos delitos que lleva adelante la Fiscalía Nacional ha traspasado transversalmente todo el espectro político chileno.

La investigación ha derivado incluso en otras indagatorias como la que afecta a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), uno de cuyos propietarios es Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

La empresa habría inyectado dinero para subvencionar campañas políticas tanto a partidos de la derecha como a formaciones de la Nueva Mayoría, la coalición del Gobierno de centro-izquierda que lidera la presidenta socialista Michelle Bachelet.