Tragedia de Once: piden confirmar procesamiento a Julio De Vido

En su presentación, Oficina Anticorrupción argumentó que la responsabilidad del exfuncionario kirchnerista está probada, tenía "conocimiento sobre las condiciones en que TBA SA venía prestando su servicio".
Martes 21 de junio de 2016
La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó hoy a la Sala II de la Cámara Federal que confirme el procesamiento del exministro de Planificación Julio De Vido en el marco de la causa por la tragedia de Once.

En su presentación, el organismo que lidera la macrista Laura Alonso argumentó que la responsabilidad del exfuncionario kirchnerista está probada dado que era "irrefutable el conocimiento que tenía sobre las condiciones en que TBA SA venía prestando su servicio".

La OA sostuvo que tampoco desconocía "las condiciones deplorables del estado de conservación y mantenimiento del material rodante dado en concesión y los reiterados incumplimientos contractuales por parte de la concesionaria".

A su vez, remarcó que las distintas áreas que respondían a De Vido, como Energía, Transporte y Obra Pública, tenían el mandato de "blindarlo" frente a los incumplimientos.

"Existió un verdadero plan, urdido para darle una cobertura meramente formal al Ministro, evitando para ello toda intervención manifiesta en cualquier trámite en el cual resultaba necesaria su injerencia y vinculado con los incumplimientos contractuales por parte del concesionario", advirtió el organismo.

Tras hacer foco en el "deplorable" estado de mantenimiento del material rodante de las líneas concesionadas por TBA, la OA insistió en la tesis por la cual De Vido "conservaba su rol como máxima autoridad política responsable", pero "en apariencia se mostraba ajeno a las cuestiones relativas a la problemática que bajo su dependencia se iban generando".

"Todo con el propósito de protegerse ante cualquier eventual responsabilidad que le pudiere corresponder", evaluó la OA.

En mayo pasado, el juez federal Claudio Bonadio procesó a De Vido por la tragedia ferroviaria ocurrida en febrero de 2012, que dejó un saldo de 51 muertos.

El 7 de junio, el magistrado le trabó un embargo por 600 millones de pesos y el 20 por ciento de su sueldo como diputado nacional.