Procesados por lavado podrán apelar a figura del arrepentido

Así lo adelantó el juez federal Ariel Lijo. Los ex funcionarios investigados por el financiamiento de la campaña electoral de 2007 tendrán la posibilidad de colaborar con la Justicia.
Jueves 23 de junio de 2016

El juez federal Ariel Lijo aseguró hoy que los ex funcionarios y empresarios a los que les dictó el procesamiento por presunto lavado de dinero en el financiamiento de la campaña electoral de 2007, que llevó a la ex presidenta Cristina Fernández al poder, "podrían" acogerse a la figura del arrepentido.

"Depende de lo que ellos quieran hacer. Podrían venir y hacerlo", afirmó Lijo, tras procesar por presunto blanqueo al ex superintendente de Servicios de la Salud y principal recaudador para la campaña kirchnerista, Héctor Capaccioli; al ex legislador Sebastián Gramajo; y a los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone.

Consultado si Cristina Kirchner y el entonces vicepresidente Julio Cobos podrían haber desconocido estas supuestas maniobras en el financiamiento proselitista, el magistrado respondió: "No tenemos pruebas de que el resto estuviera al tanto o haya apañado o haya consentido esta situación. Eso es lo que hay en este momento".

"Lo que está probado en el expediente es que las personas responsables y las que estaban en conocimiento de esta situación eran las que fueron imputadas y las que están procesadas", enfatizó.

Tras reconocer que esta causa "duró muchísimo más" de lo que le "hubiera gustado", Lijo destacó que las "mismas personas" que quedaron involucradas en su resolución también "están procesadas por asociación ilícita en las causa de la 'mafia de los medicamentos' o bien están imputadas con presunciones severas en la causa del tráfico de efedrina".

El juez federal justificó su fallo en que los empresarios procesados, vinculados a droguerías y a la industria farmacéutica, no pudieron "demostrar el origen legal" de los fondos aportados a la campaña de 2007.

"No tenían registraciones contables, todos los recibos aparecieron en la casa de un empresario, ninguno de los aportantes tenía capacidad económica para hacer los aportes que hicieron", detalló.

Al ratificar que Capaccioli, como "jefe de la campaña" electoral que llevó a Cristina Fernández a la Presidencia, era "el que recaudaba, el encargado financiero", el juez federal puntualizó que "toda la plata" recibida en este marco "fue en efectivo".

"Está probado el vínculo entre recaudadores y empresarios", subrayó e insistió: "Se utilizó plata de origen ilegal en una actividad legal y esa es una operación de blanqueo".

El magistrado recordó que, en un principio, el expediente a su cargo "era un objeto procesal muy amplio y no sabíamos bien cuál era el origen de la plata o dónde terminaría".

Sin embargo, señaló que "se terminó de demostrar que parte del financiamiento que se obtuvo durante la campaña, fundamentalmente el que tenía que ver con los aportes de las droguerías, tenía origen ilegal, por lo tanto es una operación de lavado de dinero".