Inspección ocular de Rafecas al monasterio de Gral. Rodríguez

Se trata del lugar donde el exsecretario de Obras Públicas, José López, intentó esconder 9 millones de dólares. La pericia es encabeza por el juez que investiga el caso.
Miércoles 20 de julio de 2016
Ayer, el juez de garantías de Moreno, Gabriel Castro, hizo lugar al pedido de la fiscal de General Rodríguez, Alejandra Rodríguez, y le dictó la segunda prisión preventiva al ex secretario de Obras Públicas José López, quien fue encontrado con un fusil y 9 millones de dólares en su poder mientras trataba de esconderlo en el monasterio de General Rodríguez, al mismo tiempo que el juez federal Daniel Rafecas ordenó la inspección en el lugar.

El magistrado encabezará la inspección en el monasterio por pedido de la Oficina Anticorrupción, que la semana pasada solicitó la medida "con facultades para allanar y, eventualmente, secuestrar elementos de interés para la Justicia".

Fuentes judiciales informaron a Télam que, además, para el jueves está citado a declarar como testigo en los tribunales federales de Comodoro Py el hombre que llamó al 911 la madrugada del 14 de junio para advertir que un hombre había saltado "el tapial" del convento.

Por otra parte, el detenido ex secretario de Obras Públicas sumó otra prisión preventiva, decisión que tomó el juez de garantías de Moreno, Gabriel Castro, por la portación ilegal de un arma de guerra el día que fue detenido "in fraganti" en el monasterio.

López fue detenido la madrugada del 14 de junio último, cuando la policía bonaerense lo atrapó con nueve millones de dólares en el interior de un convento al que había ingresado tras saltar el portón de ingreso, según el relato del único testigo.

Aunque inicialmente fue detenido porque junto a los bolsos de dinero llevaba un arma de guerra -el motivo por el cual el juez de garantías de Moreno le dictó ayer su segunda prisión preventiva- la investigación del origen de ese dinero pasó a manos de Rafecas, quien lo había procesado el 30 de junio en el marco de la causa que está abierta desde 2008. En esa causa se investiga la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en la función pública.

El juez Castro hizo lugar al pedido de la fiscal de General Rodríguez, Alejandra Rodríguez, y dictó la prisión preventiva del encarcelado López por la portación ilegal de un fusil que intentó esconder en el monasterio.

Al mismo tiempo, el magistrado le dio vista a la defensa por el pedido de juicio oral contra el ex funcionario kirchnerista. López ya cuenta con prisión preventiva por la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que instruye Rafecas.

Castro deberá correr vista a la defensa y decidir si aún existen medidas por realizar o si, tal como pide la fiscal, la causa puede ser elevada a juicio oral, por la cual el ex funcionario podría recibir una pena de hasta tres años de prisión.

Según fuentes judiciales, la fiscal Rodríguez determinó que ese fusil pertenece a López, al igual que una pistola marca Glock calibre 9 milímetros que se secuestró en su casa de Dique Luján, allanada después de su detención.

En tanto, los abogados de López apelaron ante la Cámara Federal el procesamiento por enriquecimiento ilícito. Plantearon la nulidad de la indagatoria, al considerar que por sus problemas de salud no podía haber sido interrogado.

Además argumentaron que el delito es inconstitucional porque se invierte la carga de la prueba, ya que el imputado tiene que probar que no cometió irregularidades.

No obstante, la Justicia Federal comenzó en el mediodía de ayer una serie de allanamientos en la oficina de Vialidad Nacional y en las constructoras Rovella Carranza y Alquimaq, en el marco de las denuncias por supuestos sobreprecios en obras viales nacionales que interpuso el diputado provincial Walter Oio, de Cambiemos.

La justicia federal decidió allanar simultáneamente tres lugares en San Luis y otros en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene oficinas Rovella Carranza, por la sospecha de irregularidades con la obra pública nacional ligadas a la causa de López.

En diálogo con Télam, el fiscal federal, Cristian Rachid, expresó que “los directivos de las empresas constructoras involucrada habían pedido la nulidad del procedimiento, pero fue desestimado por el juez federal de Mendoza, Marcelo Garnica”.

A fines de junio, el diputado Oio había denunciado en la justicia a la empresa Rovella Carranza por presuntas irregularidades en la obra de repavimentación de la Ruta Nacional N° 7 y las reparaciones en las rutas 146 y 147.

Ante la denuncia, que tuvo amplia repercusión mediática, la delegación de San Luis de Vialidad Nacional desmintió los principales argumentos de la denuncia y manifestó la voluntad de colaborar con la Justicia.