Familiares de víctimas de Once piden que De Vido vaya a juicio

Familiares de víctimas de la tragedia ferroviaria de Once pidieron hoy al juez federal Claudio Bonadio que envíe a juicio oral y público al exministro de Planificación Federal Julio De Vido por el siniestro que le costó la vida a 51 personas.

Fuentes judiciales informaron a NA que una de las querellas, a cargo del abogado de la familia de Lucas Menghini Rey, pidió también que vaya a juicio Gustavo Simeonoff, ex secretario de la Unidad de Renegociación y Análisis de contratos de Servicios Públicos (UNIREN).

De Vido está procesado por los delitos de "descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta", además de un embargo por 600 millones de pesos.

Para la querella, la única que pidió que De Vido vaya a juicio, la instrucción está completa y debe pasar a etapa de juicio oral y público.

"Se encuentra probado que De Vido y Simeonoff tenían pleno conocimiento de la forma que era prestado el servicio por la empresa concesionaria y, pese a las reiteradas alertas que fueron realizadas por la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Auditoría General de la Nación, no
cumplieron adecuadamente con sus obligaciones adoptando alguna medida tendientes a encauzar la prestación de un servicio", subrayó Bonadio en su fallo.

El fallo fue confirmado luego por la Sala II de la Cámara Federal por lo que la querella considera que está en condiciones de ir a juicio.

Para el juez Bonadio, el exministro "tenía pleno conocimiento del deplorable estado del material rodante, como así también la política empresaria que llevaba adelante la firma TBA", y pese a ello "no adoptaron ninguna medida tendiente al adecuado mantenimiento de los bienes concesionados a las empresas
prestatarias del servicio ferroviario".

"En razón del elevado cargo que ostentaba, existen múltiples elementos que dan cuenta del conocimiento con el que contaba De Vido de la forma deficiente en la cual la empresa TBA prestaba el servicio ferroviario durante su gestión", argumentó.

Además, el juez evaluó que "ya en el 2007, cuando se rescindieron los contratos de concesión de las líneas ferroviarias Roca y Belgrano Sur, en esos expedientes se hizo evaluación comparativa con el resto de los ramales y quedó en evidencia el mal servicio que prestaba TBA".