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Fijan audiencia por embargo de fondos de Cristina Kirchner

Cámara Federal realizará el 30 de agosto una audiencia ante el reclamo de la expresidenta y de su hija Florencia para la devolución del dinero incautado en cuentas bancarias y cajas de seguridad.
Martes 16 de agosto de 2016
La Cámara Federal realizará el próximo 30 de agosto una audiencia ante el reclamo de la expresidenta Cristina Kirchner y de su hija Florencia para que les devuelvan el dinero incautado en cuentas bancarias y cajas de seguridad en el marco de la causa Hotesur.

Fuentes judiciales informaron que la Sala I del Tribunal, integrada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, fijaron para el próximo 30 de agosto la audiencia en la que la defensa de la expresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi,reclamará la devolución de los fondos.

El dinero, unos 5,6 millones de dólares, fue incautado por decisión del juez Julián Ercolini, a cargo de la causa Hotesur, tras un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, aunque la joven ya apeló el embargo al señalar que todo el dinero se encuentra justificado en las declaraciones juradas presentadas por su familia.

Se trata de los 4.664.000 de dólares que Florencia Kirchner posee en sus cajas de seguridad del Banco Galicia, las cuales fueron generadas poco antes de que su madre tuviera que presentarse en abril pasado en declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio por la causa dólar futuro, en la que finalmente fue procesada.

Pero además la medida apunta a las dos cajas de ahorro a nombre de Florencia Kirchner: la 4004168-8198-1 con un saldo de 1.032.144,91 de dólares; y la 4021118-4198-7 que tiene unos 53.280,24 pesos.

El embargo se produjo luego de que la diputada Margarita Stolbizer denunciara movimientos extraños en las cuentas de la expresidenta: Beraldi reclamó ya la devolución de los fondos incautados, lo que fue rechazado por Ercolini y ahora define la Cámara Federal porteña.

Por esta investigación, la expresidenta Kirchner denunció a su vez a la diputada Stolbizer y al juez Bonadio: sostuvo que lo informado por la líder del GEN a la Justicia sobre sus movimientos bancarios resulta el producto de "un acto vil de tráfico ilegítimo de información —además distorsionada de manera dolosa—", que tuvo su inicio con motivo del allanamiento dispuesto por el magistrado al domicilio del contador de la familia, Víctor Alejandro Manzanares, en Río Gallegos, en el marco de la causa "Los Sauces".