Gils Carbó, cerca de dictaminar contra el Gobierno por el gas

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitirá su dictamen sobre el aumento de las tarifas de gas y todo indica que sería contrario a la postura del Gobierno, según evaluaron fuentes judiciales.

El dictamen de la procuradora, cuestionada por el macrismo por su adhesión al kirchnerismo, fue pedido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes de resolver el tema, aunque no es vinculante, según recordaron fuentes del máximo tribunal.

La Corte tiene agendado tratar mañana el asunto que ayer llevó al Congreso al ministro Juan José Aranguren, a dar explicaciones ante un plenario de comisiones. El máximo tribunal prefería tratar, como ocurrió, la sentencia, emitida por la sala II de la Cámara Federal de La Plata, que declaró inconstitucionales las dos resoluciones del Ministerio de Energía que determinaron el aumento en el gas. Y no alguno de los “per saltum” (salteo de instancia) pedidos por el Gobierno en otras causas dispersas por tribunales de todo el país.

La causa de La Plata fue iniciada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y contó con la adhesión de un grupo de legisladores kirchneristas.

Los cuatro jueces de la Corte trabajan para llegar a un acuerdo, según dijeron fuentes del tribunal, aunque no está del todo claro si se alcanzará mañana. Un eventual empate en dos votos, en caso de llegar a esa instancia, como se especuló semanas atrás, obligaría a un quinto voto que sólo podría dar Carlos Rosenkrantz, el jurista que ya cuenta con el acuerdo del Senado pero que recién asumirá el próximo lunes en el máximo tribunal, pese a que originalmente pensaba hacerlo ayer. “Sería el peor escenario”, dijo ayer sobre esa posibilidad un habitante del cuarto piso del Palacio de Justicia.

El dictamen de Gils Carbó, de acuerdo con las fuentes consuladas, iría en línea con lo dicho en una decena de pronunciamientos por los fiscales inferiores sobre este tema. El asunto es que el argumento de ellos es refutado por el Gobierno. Se trata de la ausencia de audiencias públicas. En el Gobierno dicen que las audiencias están previstas para los casos de aumentos directos a los consumidores y no para esta situación, donde lo que se modificó es el precio que se le paga a las empresas que extraen y distribuyen el gas de la red domiciliaria y no la tarifa directa que pagan los usuarios, aunque las boletas hayan llegado con un fuerte aumento, luego morigerado.

Aún siguiendo la línea que tuvieron los fiscales que precedieron a Gils Carbó en este caso, la procuradora iría en contra de lo afirmado por la subrogante Irma García Netto en abril pasado ante la propia Corte en una causa por un aumento de 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Allí se convalidó la facultad del Poder Ejecutivo de establecer por sí mismo las tarifas.

La Corte ya ha dicho que el Ejecutivo tiene facultades para establecer las tarifas de los servicios públicos, pero a la vez hay quienes creen que hay que conciliarlo con los derechos incorporados a la Constitución en la reforma de 1994, donde los “usuarios” adquirieron mayor protagonismo. “La parte resolutiva es la más importante”, expresó una fuente de la Corte dando por hecho que mañana habrá una definición.