Imputan por enriquecimiento ilícito a Raúl Othacehé

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió investigar al ex jefe comunal kirchnerista también por fraude y lavado de dinero. Además, apuntan contra su familia.
Martes 23 de agosto de 2016
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió investigar por presunto enriquecimiento ilícito, fraude y lavado de dinero a Raúl Othacehé, quien fuera intendente de Merlo 24 años, entre 1991 y 2015.

En su requerimiento de instrucción (escrito que abre formalmente la causa), Marijuan imputó el viernes pasado a Othacehé y también a su mujer, hijos, cuñados, sobrinos, consuegro y nuera. Todos ellos, como posibles testaferros. Como primer paso, el fiscal le pidió al juez Ariel Lijo ocho medidas de prueba que consisten en pedidos de informes.

Othacehé fue, desde 2003, un aliado estratégico del kirchnerismo. En 2009 coqueteó con el duhaldismo, pero volvió a acercarse a los Kirchner. En 2014, anunció su pase al Frente Renovador de Sergio Massa. Un año más tarde regresó al kirchnerismo. Fue en mayo de 2015. Pero en agosto perdió en las PASO contra el también kirchnerista Gustavo Menéndez, su sucesor y uno de los que promovieron esta nueva causa en su contra.

La causa se inició -relata Marijuan en su requerimiento- con la denuncia de una persona "a quien se le reservó su identidad con el fin de resguardar su integridad física" que acusó a Othacehé de haber lavado dinero y haberse quedado con fondos que le giraba el gobierno nacional para construir viviendas.

Después, se presentó en la causa el actual intendente de Merlo, que acusó puntualmente a su antecesor de irregularidades con "tres grandes proyectos" para construir 700 viviendas financiados por el entonces Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido, casas que no se terminaron.

Menéndez se presentó en los tribunales con Gustavo Vera, líder de La Alameda. Dijo además que Othacehé, tras perder las elecciones el año pasado, había organizado una toma donde se destruyeron las viviendas que se estaban construyendo. Según la denuncia, la usurpación tenía por objeto destruir las viviendas para que "no se pudiera determinar el real avance de la obra, por cuanto el dinero entregado por el Ministerio de Planificación excedía ostensiblemente las etapas concluidas".