La principal acusación contra la destituída presidenta brasileña no era por caso de corrupción sino por violar normas fiscales maquillando el déficit presupuestal.
Por Canal26
Miércoles 31 de Agosto de 2016 - 00:00
La acusación central contra Rousseff en el Congreso no era por un caso de corrupción sino por violar normas fiscales maquillando el déficit presupuestal.
Esto había causado una gran fisura política en Brasil, separando a quienes creen que sería justo destituir a la presidenta por algo así de quienes sostenían que sería una injusticia o hasta un golpe de Estado.
Al Gobierno de Rousseff se lo acusaba de haber retrasado intencionalmente el desembolso de fondos del programa de subvenciones para la agricultura, el "Plano Safra", por un monto de 3.500 millones de reales (unos 1.070 millones de dólares).
El objetivo de esa maniobra, practicada ya por Gobiernos anteriores, es reducir a efectos prácticos el déficit estatal: los mercados financieros no se enteran así al menos por un tiempo de la verdadero situación fiscal del país. En la práctica significa que bancos estatales otorgan una especie de préstamo al sector público, algo prohibido por ley.
También se la cuestionaba por seis decretos que permitieron créditos millonarios para gastos del Estado sin la autorización previa del Legislativo.
Las manipulaciones fiscales de las que se acusa a Rousseff ya eran sin embargo cometidas por Gobiernos anteriores. A la mandataria no se le han probado por otro lado casos de corrupción. Para los defensores de Rousseff, el juicio político en el Senado fue por eso una farsa, ya que la presidenta ganaría el caso ante un tribunal normal.
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