Los expedientes que comprometen a Cristina

Se trata de documentos que comprueban la existencia de "la matriz de corrupción" en materia de obra pública durante el gobierno de Cristina Kirchner. También hay pruebas de cómo benefició al empresario Lázaro Báez.
Martes 13 de septiembre de 2016
Los expedientes de Vialidad Nacional sobre distintas obras realizadas en la provincia de San Cruz aportados por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques fueron claves para reiterar la existencia de "la matriz de corrupción" en materia de obra pública durante el gobierno de Cristina Kirchner. Estas pruebas hicieron que el juez Julián Ercolini llamara a indagatoria a la expresidenta y le embargara sus bienes.

Estas pruebas consisten en dos cajas con documentos referidos a las rutas nacional N° 3 y la provincial N° 9 en Santa Cruz, más cinco expedientes de Vialidad que explicitan cómo se realizaron todos los pagos a Lázaro Báez y un CD con la información de los estudios realizados por Vialidad Nacional

Allí también hay pruebas de cómo el Gobierno benefició al empresario K Lázaro Báez. La "inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial" como señalaron los fiscales, se refleja en los números que reveló Vialidad Nacional en la auditoría realizada sobre la obras pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo. El 78,4 % de los contratos viales terminaron en manos del Grupo Austral ​ "mediante procesos irregulares y discrecionales". Este planteo fue citado por Ercolini en su fallo.

Hay otros números claves que se desprenden de la auditoría: el 50 % de los contratos nunca se terminaron pero Báez los cobró igual con un sobreprecio promedio del 65 % lo que significó el ingreso de $ 21.600 millones a favor de la empresa que a su vez, alquiló por valores millonarios habitaciones de los hoteles de Cristina Kirchner.

El Grupo Austral se llevó el 11,7 % del presupuesto nacional de Vialidad siendo la empresa más favorecidas con la obra pública. En base a esto los fiscales plantearon "el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del estado".

La auditoría expuso además cómo se lo favorecía al empresario K con el cobro de las certificaciones: mientras las demás constructoras cobraban a 213 días, Austral obtenía el dinero en 34 días. El Juez señaló que el Gobierno al dejar la Casa Rosada con la única empresa que no tenía deuda era con Austral.