El juego clandestino mueve más de 50 mil millones de pesos

Las complejas redes de “levantadores de quinela” cuentan con la complicidad de las fuerzas de seguridad, el poder político y algunas agencias oficiales.
Domingo 2 de octubre de 2016
El Gobierno estima que en la Provincia hay “por lo menos” 90 cabecillas de apuestas ilegales que recaudan más de 50 mil millones de pesos por año. Como en el caso del denominado “Rey del Juego”, Adrián Almaraz, los responsables de estas “bancas paralelas” tienen asociadas agencias legales.

Para garantizar el éxito del negocio, las apuestas “fuertes” se vuelcan en los sistemas oficiales. Para eso, el capitalista debe tener algún vínculo con un local habilitado. Puede ser el dueño o puede estar a nombre de un familiar o socio. De esta manera, los premios grandes, abultados, los paga el Estado. Hay 12 dueños de licencias que hoy están sometidos a auditorías por esta sospecha. Y seis fueron clausuradas en los últimos meses. Tres estaban a nombres de familiares de Almaraz.

En los últimos seis meses de 2015 se otorgaron 160 licencias desde el Instituto de Loterías de la Provincia. Ese otorgamiento se hacía –según reconocen fuentes actuales del organismo– mediante el pago ilegal de hasta 50 mil dólares para conseguir la licencia. Ahora está suspendido el otorgamiento de habilitaciones. “No se abrirá ni una agencia más en toda la Provincia”, es el criterio del actual presidente del Instituto, Eugenio Melitón López.

El mecanismo es tan viejo como el juego mismo: un mini ejército de “pasadores” de juego (en Ingeniero Maschwitz, por ejemplo, se encontraron registros de 643 personas que se dedicaban a “levantar quiniela”) recorre los barrios en bicicleta, caminando o mediante contactos telefónicos para convocar a los jugadores. ¿Por qué el cliente no lo hace por la via legal? “Se maneja mucho el fiado; está la comodidad del ‘delivery’ y también es relevante el hábito o la costumbre arraigada en muchos barrios o pueblos del interior”, explicaron en Loterías. La “clandestina” y la oficial pagan lo mismo: 690 veces lo apostado por acertar las “dos cifras” de la quiniela. Pero el ganador de la paralela elude –si tiene mucha suerte– el 30% de impuesto a las Ganancias que debe tributar a partir de los 15 mil pesos de premio, tal como estipula la ley.

El sistema cuenta además con la complicidad de autoridades policiales y/o punteros políticos que avalan el mecanismo. O miran para el costado. Y se enriquecen.


Es una labor artesanal, pero multiplicada por miles representa un botín casi incalculable. “Después de derrumbar el imperio de Almaraz, las agencias de la zona donde operaba aumentaron su recaudación un 170%”, admitió a Clarín Melitón López.

Las nuevas tecnologías también se aplican al juego clandestino. Así es como ahora se detectaron verdaderos “casinos secretos” instalados con terminales de PC y softwares que simulan el funcionamiento de tragamonedas, de ruleta y hasta de carreras de caballos. Ese “modus operandi” se detectó en Bolívar hace dos meses. Era regenteado por un comisario de esa ciudad que ejercía su cargo en otro distrito. Cuando llegaron los inspectores de Lotería y los agentes de Asuntos Internos había un oficial entre los apostadores. En el Gobierno aseguran que habría por lo menos 40 que funcionarían en domicilios particulares del Gran Buenos Aires. Usan como fachadas clubes de barrio o viviendas que no dan al frente.

El juego legal está compuesto por 4.200 agencias oficiales para apuestas de quiniela y los juegos de Buenos Aires y otras provincias (Loto y Quini 6, entre otros). Además hay 46 bingos, por donde ingresan unos 800 millones de pesos por mes. Además de los cartones, allí permanecen encendidas 600 tragamonedas a toda hora. Y hay 12 casinos (donde están instaladas 5.500 máquinas slots) y 5 hipódromos, que operan en línea con las 186 agencias hípicas para hacer apuestas a los caballos mediante conexión satelital con los circos hípicos. En total por estos medios el Estado recauda 150 mil millones de pesos por año. Una fortuna que, luego de descontar premios, sueldos y la logística para el funcionamiento, deja millones que por ley deben ir a las arcas de Desarrollo Social y Educación.