La trama narco que perjudica la gestión de Colombi

El gobernador de la provincia de Corrientes apareció en medio de un fuerte operativo policial anti drogas. El hecho no dejó de levantar sospechas.
Lunes 20 de marzo de 2017

Ricardo Colombi

 

Cuando hace unos días fue detenido por la policía el intendente de la loocalidad de Itatí -por presunta participación en una red narco- quedó en evidencia la filtración del poder político y judicial correntino.

 

De hecho, Natividad "Roger" Terán, intendente de Itatí, corrió la misma suerte que parte de su familia, fuertemente vinculada con el tráfico de drogas junto a su vice intendente y otros 25 detenidos cercanos.

 

Entre tanto, desde el espacio de Cambiemos trataron de sacar rédito político recordando que Terán pertenece al FPV, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargó de resaltar la identidad partidaria del detenido.

 

Pero pese al intento de partidizar el escándalo, todo se fue desdibujando en medio de acusaciones cruzadas que marcaban contactos del intendente con Colombi y hasta el propio presidente de la Nación mostró claramente la estrategia decidiendo suspender su visita a Corrientes para evitar la foto con el mandatario provincial.

 

El otro golpe de efecto de importancia, fue la aparición de Colombi en el operativo policial concretado contra una banda de narcotraficantes en Goya ordenado por un juez federal de Reconquista con policías de Santa Fe. Por el grotesco intento de detener el procedimiento al gobernador le costó una investigación por obstrucción a la justicia.

 

La suma -en fila- de escándalos uno tras otro como lo fue la detención de Terán o la irrupción del gobernador, Ricardo Colombi, en medio de un procedimiento, dan pistas que llevan a un extraño mapa regido por narcotraficantes con llegada al poder político, filtraciones policiales, funcionarios judiciales vinculados a la trata de personas, lavados de activos y excarcelaciones inadmisibles donde los nombres se repiten
generando sospechas hacia el poder correntino.

 

De hecho, el juez federal porteño Sergio Torres junto con la PROCUNAR pidieron a Carlos Soto Dávila, magistrado de Corrientes, que se unifiquen 15 causas sobre narcotráfico que el juez tramita por separado desde el año 2014.

 

El pedido de Buenos Aires, donde consideran que la unificación es "imprescindible y urgente para el desbaratamiento de la estructura criminal transnacional", no fue respondida por Soto Dávila lo cual obligó a la PROCUNAR a interponer un recurso de queja "por retardo de Justicia". Entre estas causas se encuentra la investigación a la familia Terán.

 

En efecto, en el Ministerio Público Fiscal están en pleno conocimiento de la singular carrera del juez Carlos Soto Dávila que ha generado serias dudas al dictaminar excarcelaciones "inexplicables" a narcotraficantes detenidos, lo que habría motivado que sus pares porteños insistan en retirarle los expedientes de la causa Itatí que obran en su juzgado.

 

 

Lavados de activos y excarcelaciones "inexplicables"

 

El accionar de Carlos Soto Dávila frente al juzgado federal Nro 1 de Corrientes está siendo seguido muy de cerca, muy cuestionado e investigado como consecuencia de diferentes hechos que colocaron al magistrado en el foco de atención.

 

Desde excarcelaciones sin fundamento de integrantes de bandas narcos hasta vínculos con entidades financieras ilegales e investigadas por lavado de activos, Soto Dávila protagonizó vatios escándalos, actualmente evaluados por el Ministerio Público Fiscal.

 

Tal es el caso de la Cooperativa Pyramis, una entidad financiera que funcionaba sin autorización cuyos directivos era investigados por la fiscalía de instrucción junto con la PROCELAC por lavados de activos, asociación ilícita e infracciones al régimen penal cambiario durante el 2015, cuando aún estaba vigente el cepo.

 

En el allanamiento que se hizo a la cooperativa, fue encontrada documentación (ver foto) donde estaban, entre varios clientes que compraron dólares norteamericanos, el juez Sóto Dávila en quien -justamente- recayó el expediente.

 

Operaciones de Colombi

 

Por esa misma razón, el fiscal federal Flavio Ferrini solicitó la recusación del juez en dicha causa alegando que "resultaría inadmisible que V.S. sea el instructor y juzgador en la presente causa justamente de las maniobras de evasión tributarias que se les imputan a los directivos".

 

Un año después de los hechos, en diciembre del 2016, en otra causa investigada la justicia federal por falsedad ideológica, cohecho y estafa procesal, se lo imputó también a Soto Dávila por la restitución de un Mercedes Benz secuestrado de una concesionaria -RRVIP- en un caso de lavados de activos provenientes del narcotráfico.

 

De acuerdo al expediente judicial, el juez había decidido devolver el lujoso auto a partir de la declaración de un testigo pero luego se detectó que dicha audiencia testimonial nunca había ocurrido, por lo cual, se instruyó debidamente una investigación contra Soto Dávila, su secretario, un empleado del fuero y abogados.

 

Así mismo, el juez correntino fue cuestionado por beneficiar con excarcelaciones "inexplicables", según señalaron fuentes judiciales a LPO, a integrantes de bandas narcos que estaban en prisión preventiva luego de que se le secuestren estupefacientes.

 

Tal es el caso de Darío Urquidez quien formaba parte de una organización de al menos ocho personas dedicada al tráfico de drogas y en un operativo en diciembre del 2015 se le secuestraron 400 kilos de marihuana.

 

Soto Dávila imputó a Urquidez y determinó la prisión preventiva junto al resto de la banda. Pocos días más tarde, "el señor Juez cambió de parecer injustificadamente" y concedió la excarcelación de tres de los implicados, afirmaron a LPO fuentes al tanto del expediente.

 

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes -por su parte- decidió revocar la resolución de excarcelación pero Soto Dávila mantuvo la libertad de los imputados.

 

Situaciones similares se dieron con ciudadanos brasileros detenidos en Corrientes por tráfico de drogas como a Carlos Rodrigues Martins, casualmente interceptado en la localidad de Itatí a quien Soto Dávila lo benefició con la excarcelación y hoy tiene un pedido de captura internacional.

 

Igual ocurrió con Marcio Silveira Carvalho y Josinei Da Rosa, este último capturado con 217 kilos de marihuana e igualmente soltado por
decisión del juez federal de la Sala Nro 1.

 


Soto Dávila y lo vínculos con Colombi.

 

En un acontecimiento previo a todo lo relatado con anterioridad, el gobernador Colombi fue procesado por enriquecimiento ilícito, incumplimiento y violación de deberes de funcionarios públicos en julio del año 2009 por la adquisición de dos propiedades durante el 2006 a través de presuntos testaferros; investigación que apuntó directamente al matrimonio de María Helena Hadad y Hernán Laslo, ambos funcionarios públicos, quienes habrían actuado como testaferros del gobernador que, al momento de comprar los inmuebles, le otorgaron un poder especial a nombre de Ricardo Colombi "facultándolo a transferir dichos inmuebles a título gratuito u oneroso a terceros, incluso a sí mismo.

 

Las propiedades detectadas se adquirieron a precios irrisorios y una de las escrituras fue fechada el 31 de noviembre de 2006, un día inexistente en el calendario, ni en año bisiesto.

 

De todos modos, la investigación tuvo un giro inesperado cuando el 2 de octubre del 2009 se encontró muerto el denunciante de esta causa, el periodista Hernán González Moreno.

 

Faltaban sólo dos días para las elecciones que lo ubicaron por segundo período a Ricardo Colombi en la gobernación. El hecho se caratuló como suicidio.

 

En el 2015, los presuntos testaferros de Colombi pidieron ser sobreseídos. El juez Carlos Soto Dávila accedió a la petición y sobreseyó a Laslo y Hadad. Sin embargo, el nombre de Marcelo Laslo y su esposa volvieron a aparecer en los allanamientos de la Cooperativa Pyramis como compradores de 130 mil dólares, una cifra por demás de abultada en comparación a los ingresos declarados del matrimonio.

 

En la misma Cooperativa investigada por lavado, donde el juez Soto Dávila había comprado dólares, se hallaron registros de operaciones financieras a nombre de la pareja vinculada a Ricardo Colombi como presuntos testaferros. Los funcionarios judiciales advirtieron esta sorpresiva coincidencia y señalaron la relación como "Delitos de Corrupción", según se lee en el expediente consultado por este sitio.