Así armó Julio De Vido una licitación hecha a la medida de Odebrecht

Documentos del gobierno K revelan el modo en que se favoreció a la constructora brasileña Odebrecht en el contrato de gasoductos. Hubo alerta por sobreprecios que fueron desesitimadas.
Domingo 16 de julio de 2017

Cameron y De Vido

 

Durante el lapso de todo un año, la Administración de Néstor Kirchner y la firma brasileña Odebrecht se puesieron de acuerdo y llegaron a pactar las condiciones definitivas para que la constructora se hiciera con el suculento contrato de los gasoductos de 2006-2008 por al menos US$ 2.300 millones.

 

Las autoridades nacionales armaron con posterioridad una licitación "rápida" que sólo la empresa Odebrecht estaba en condiciones de cumplir. Así ha quedado debidamente demostrado en una larga serie de documentos de la Secretaría de Energía de la Nación a los que tuvo acceso el diario Perfil, como así también los testimonios de quienes se vieron involucrados de una u otra forma en las cuestionables negociaciones. Así mismo, las autoridades nacionales desestimaron un alerta de una junta fiscalizadora que solicitó se tenga a bien detener la ejecución del contrato , dada la creciente y fundada sospecha de sobreprecios en la obra.

 

La maniobra irregular tuvo su inicio cuando se cambiaron las normas para que una empresa mixta, Cammesa, que estaba integrada por el Estado y por empresas privadas del sector energético, asumiera la responsabilidad legal de realizar los gasoductos y contratar a Odebrecht. Pero las decisiones nunca se dejaron de digitar desde la Secretaría de Energía de la Nación. “Cammesa fue el instrumento utilizado por el Gobierno para no poner el gancho en lo que armaron”, aseguó uno de los protagonistas de este proceso irregular.

 

Daniel Cameron era por aquel entonces secretario de Energía y actuaba bajo el ala protectora del ministro de Planificación, Julio De Vido, aunque también tenía relación directa con el por entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner.

 

Dos escritos de la Secretaría de Energía y un memorándum de entendimiento entre las partes, demostraron que desde el 16 de diciembre de 2005, la Secretaría de Energía y la brasileña Odebrecht ya se encontraban negociando las condiciones de la obra.

 

El 8 de febrero de 2006, Cameron envió a Cammesa una nota en la que admitió que Odebrecht “manifestó su disposición” para realizar la obra y que “los profesionales de la Secretaría de Energía y los de la empresa Odebrecht mantuvieron reuniones de trabajo tendientes a avanzar en la estructuración financiera y técnica” de los gasoductos. “Como resultado de dichas reuniones (entre Odebrecht y la Secretaría de Energía) se elaboró un proyecto de Memorándum de Entendimiento conteniendo como partes a Cammesa y Odebrecht”, una especie de pre-contrato de obra. Cameron también sostuvo que la obra sería financiada con un crédito del Banco Nacional de Desenvolvimiento Economíco y Social de Brasil (Bndes).

 

El borrador del contrato fue firmado por Flavio Faria, ejecutivo de la firma constructora brasileña Odebrecht en la Argentina, el mismo que está en las planillas de los sobornos de la constructora como un gran referente de las coimas cobradas en el país.

 

Pero las autoridades de Cammesa no estuvieron dispuestas a contratar de manera directa a Odebrecht y tampoco querían ser responsables legales ante una negociación en la que ellos sentían, eran "sapos de otropozo" y así las cosas, el 6 de marzo de 2006, Cameron se comunicó nuevamente con Cammesa para habilitarlos a “considerar y evaluar” otras ofertas.

 

Cammesa y el Gobierno convocaron a una licitación por sólo 30 días para una obra monumental: la colocación de loops o cañerías a lo largo de más de 1.960 kilómetros a lo largo y ancho de 15 provincias y más de 20 plantas compresoras.

 

Odebrecht ganó la licitación irregular, armada "a su medida" y diseñó la obra completa. Las otras dos firmas constructoras que se presentaron, Roggio y Camargo Correa fueron descalificadas porque no llegaron a cumplir con las condiciones. Ambas están en la mira judicial por la supuesta cartelización de la obra pública junto a Odebrecht.

 

Odebrecht se quedó con el contrato de los gasoductos el 30 de noviembre de 2006 y luego subcontrató a otras cuatro constructoras para que realizaran las obras: Techint, Contreras Hermanos -ambas miembros del cartel del Lava Jato-, BTU y Esuco.

 

En marzo de 2007, una junta fiscalizadora de Cammesa reaccionó cuando vio que los precios asignados por el Ejecutivo a un nuevo gasoducto (el GNEA) tenía valores mucho más bajos que los que el gobierno había diseñado para Odebrecht. En mayo de 2007, la junta pidió “suspender toda diligencia, gestión o decisiones tendientes a avanzar en la puesta en vigencia del contrato celebrado con Odebrecht, que aún no entró en vigencia, hasta tanto quede debidamente aclarada la situación del contrato”. “Pedimos recusar los precios del contrato”, explicaron integrantes de la junta.

 

En septiembre de 2007, una asamblea de accionistas finalmente convalidó el contrato original con Odebrecht, desactivaron las alertas de los síndicos sobre posibles sobreprecios. Las versiones de los protagonistas directos de esas reuniones coincididieron en que los accionistas cedieron ante las presiones del gobierno, que amenazó con rescindir contratos de las empresas de energía y amenazas de intervención de Cammesa.