IRREGULARIDADES EN CONTRATOS

Odebrecht, inhabilitada por cuatro años en México

La Secretaría de la Función Pública dio a conocer la inhabilitación por medio de una circular, en la que asienta que la empresa "no podrá participar por sí misma en procedimientos de contratación o celebrar contrato alguno (...) por encontrarse inhabilitada temporalmente por el plazo de cuatro años".
Martes 12 de diciembre de 2017

Odebrecht

La constructora brasileña Odebrecht fue inhabilitada por cuatro años para recibir contratos en México por irregularidades en contratos con la petrolera Petróleos Mexicanos (Pemex).

 

La Secretaría de la Función Pública, el organismo estatal de lucha contra la corrupción, dio a conocer la inhabilitación por medio de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación.

 

En el texto se asienta que la empresa "no podrá participar por sí misma en procedimientos de contratación o celebrar contrato alguno (...) por encontrarse inhabilitada temporalmente por el plazo de cuatro años".

 

La inhabilitación se debe a un daño contra Pemex por más de 119 millones de pesos (unos 6,2 millones de dólares) por no cumplir con los costos indirectos pactados en un contrato de obras de acondicionamiento de tierras en la refinería de Tula.

 

La decisión entrará en vigor el martes y no afectará a los contratos actualmente vigentes con Constructora Norberto Odebrecht S.A.

 

De acuerdo con la Justicia de Estados Unidos, Odebrecht desembolsó 10,5 millones de dólares para sobornos en México entre 2010 y 2014. En total, la empresa habría pagado sobornos por más de 785 millones de dólares desde 2001 en 12 países.

 

México es uno de los países donde los negocios de Odebrecht están bajo la lupa, aunque hasta ahora ninguna persona ha sido detenida. Esta es la primera sanción en México contra una filial de Odebrecht. El ex director de Pemex Emilio Lozoya, a quien directivos de Odebrecht dijeron haberle pagado sobornos, ha negado las afirmaciones.

 

Marcelo Odebrecht, titular de la compañía, fue condenado a 19 años de prisión en Brasil, mientras que funcionarios de alto rango están siendo investigados y afrontan causas en varios países de América Latina acusados de corrupción.