TRAS MULTITUDINARIA MARCHA DE MOYANO

En medio de la disputa con gremios, Macri quiere cambiar el reparto de plata a Obras Sociales

El Gobierno reflotó un proyecto para crear un ente que controle la distribución de fondos para los tratamientos médicos más costosos. Se produce luego de la multitudinaria marcha convocada por Hugo Moyano.
Jueves 22 de febrero de 2018

Movilización de Camioneros - #21F (NA)

El Gobierno analiza aplicar un nuevo método de reparto para los cerca de 2.300 millones de pesos mensuales que el Estado debería girarle con equidad, continuidad, ecuanimidad, transparencia y control a las obras sociales sindicales.

 

El cambio en el modo en el que la Superintendencia de Servicios de Salud redistribuiría esos fondos de los trabajadores está siendo analizado no solo por técnicos gubernamentales. También aportan sus conocimientos, intereses y consejos expertos que forman parte de algunos de los sindicatos más fuertes de la CGT, e incluso también acercaron los suyos algunos secretarios generales de gremios que conocen las “trampas” que pueden generarse en obras sociales que quieran utilizar la plata destinada a cubrir los tratamientos médicos de sus afiliados, pero que podría terminar usándose para otros fines.

 

Esta nueva política es otro impulso más que toma la Casa Rosada en el contexto de su pelea de poder con el sindicalista del PJ más poderoso con el que ha entrado en una puja que parece no tener retorno: el ex secretario general de la CGT, ex jefe de Camioneros, Hugo Moyano.

 

También se descubrieron desmanejos que se cometían en loa sindicatos con esos de los trabajadores que administra el Estado, y que tendrían que tener un único objetivo: mejor asistencia sanitaria para los afiliados sindicales.

 

Por ahora, el Gobierno y sus aliados de la CGT no dejaron trascender demasiado sobre los detalles de cómo se implementarïa la distribución de ese dinero. Pero sí que no llegará a todos los gremios por igual.

 

El nuevo plan incluiría un proyecto de ley para crear un nuevo organismo público: la “Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria”.

 

Ese ente, que sería integrado por expertos en medicina, técnicos, abogados y científicos, se encargaría de determinar cuándo una obra social deberá recibir el dinero necesario para ayudar en la recuperación de la salud de un paciente que necesita un remedio o un tratamiento de alto precio: muchas veces esas prácticas para enfermedades de alta complejidad tienen un costo de miles de dólares. Esta nueva “agencia” serviría para evitar que gremios corruptos falsifiquen la existencia de pacientes que pueden ser inscriptos para recibir esos remedios, un método siniestro para recaudar fondos de modo ilegal. Sobre todo, este organismo buscaría que los grandes laboratorios no frenen con medidas cautelares los tratamientos de gente que realmente sí necesita el financiamiento más caro para mejorar su salud.

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