SE TRATA DE SERGIO FREIXES

Ministro de Alberto Rodríguez Saá, a juicio acusado de presionar a jueces

Se trata de Sergio Freixes, a quien se lo acusa de supuestamente presionar a magistrados obligándoles a firmar renuncias anticipadas.
Domingo 23 de septiembre de 2018

Alberto Rodríguez Saa

 


El caso lleva ya largos trece años de idas y vueltas, pero finalmente, un ministro y un exministro de Alberto Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis, serám llevados a juicio, acusados de supuestamente obligar a integrantes del Poder Judicial de la provincia a firmar sus renuncias anticipadas como requisito para acceder a cargos y ascensos.

 

Se trata del exministro de Legalidad y Relaciones Institucionales, Sergio Freixes, y de su segundo, Mario Zabala. Ambos están acusados del delito de coacción agravada contra Marina Ziliotto, una defensora oficial que en 2004, pocas semanas después de ser ascendida a camarista, debió dejar su cargo porque el gobierno de Rodríguez Saá ejecutó la renuncia anticipada que le había hecho firmar antes de designarla. El juicio comenzará el 22 de octubre.

 

Freixes se vio obligado a abandonar el Ministerio de Legalidad en 2007, en el preciso momento en que fue procesado junto a Zabala. De todos modos, en 2011 fue elegido senador provincial por el departamento de Dupuy y en 2017 pudo renovar su banca.

 

La extrema confianza con los Rodríguez Saá le valieron un regreso al gabinete provincial sin inconvenientes. Desde agosto de 2017, Freixes es ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción.

 

El de Ziliotto es uno de los 11 casos que llegaron a la Justicia puntana en 2005 por una denuncia de Gretel Diamante, entonces fiscal de Villa Mercedes. En testimonios registrados con cámara oculta, los magistrados afectados admitían haber sido presionados para firmar sus renuncias en blanco, a cambio de acceder a cargos en la Justicia provincial.

 

El proceso judicial que se encara es inédito en la provincia puntana. Se trata de la primera vez que se va a llevar a juicio ante la Justicia a exintegrantes del Poder Ejecutivo por presionar a jueces, fiscales, camaristas y defensores.

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