Economía - YPF

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Luego del revés judicial del viernes pasado, cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York determinó que ya era posible iniciar el juicio contra YPF y el Estado argentino sin esperar que la Corte Suprema estadounidense decidiera en cuál jurisdicción, la jueza que lleva la causa, Loretta Preska, indicó que finalmente no comenzará el litigio hasta que la Corte de Apelaciones no se expida sobre los documentos que presentó la Argentina para apelar la decisión.

 

El juicio del megabufete Burford Capital Limited contra YPF y el Estado argentino por la estatización de la petrolera en 2012 tiene dos vía legales. Por un lado, la Corte Suprema de Estados Unidos debe decidir la jurisdicción del litigio: si se desarrolla en Estados Unidos -como quiere Burford-, en España -porque el fondo les compró la demanda a las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora-, o en la Argentina -como quieren YPF y el Gobierno-.

 

Por otro lado se está decidiendo el inicio del juicio: si debe comenzar o no, a pesar de que la Corte Suprema todavía no se haya expedido sobre la jurisdicción. El viernes pasado, la Corte de Apelaciones indicó que el litigio debía iniciarse igual. Los abogados argentinos presentaron un pedido de urgencia ante la Corte de Apelaciones para solicitar la reconsideración de dejar firme la sentencia.

 

Este lunes, la jueza Preska falló a favor de la Argentina e indicó que no avanzará con el juicio hasta esperar que la Corte de Apelaciones se expida al respecto de la presentación que hizo la Argentina.

 

En concreto, los abogados argentinos insisten en que el juicio debe iniciarse una vez que la Corte Suprema decida la jurisdicción. En este caso, los jueces de la Corte Suprema le pidieron al procurador general norteamericano -el abogado de la Casa Blanca- su mirada con respecto al tema, sin plazos predefinidos.

 

En las próximas semanas se espera la nueva decisión de la Corte de Apelaciones sobre si el juicio debe comenzar o no. Aunque no será un fallo definitivo, ya que todavía quedan instancias para seguir apelando.

 

El problema comenzó seis días antes del tercer aniversario de la estatización del control de la petrolera por parte del kirchnerismo. En abril de 2015, Burford Capital Limited, un megabufete con activos por más de US$500 millones, presentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF.

 

El reclamo no tiene un monto establecido, pero en el mercado sostienen que rondaría los US$3000 millones. El punto débil para el país es el lastre que dejó la familia Eskenazi, que en 2008 ingresó en la compañía en una operación cuestionada. Entre otras firmas, los Eskenazi crearon las compañías Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Burford compró la quiebra de ambas -ocurrió tras la estatización-, que utiliza para litigar contra el país.

 

Los demandantes sostienen que la estatización de la petrolera violó derechos de los accionistas minoritarios, que no recibieron una oferta para vender su participación. En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem había ofrecido casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York.

 

En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), así como en su viejo estatuto.

 

El argumento de los abogados locales es que la estatización de YPF se hizo bajo la ley de inmunidad soberana y no violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.

 

Esta opción obligaría a Burford Capital a recurrir a los tribunales argentinos, como quiere el Gobierno. Pero la Justicia norteamericana ya rechazó ese argumento en dos ocasiones: en primera instancia y en segunda instancia, por una decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Axel Kicillof rechazó en el Senado que el país tuviera la posibilidad de ofertar por todo. "Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!", dijo. Esas palabras usaron los demandantes para justificar que el país no cumplió con las leyes.

 

El caso nació mal para la Argentina. Tuvo un fallo en contra en primera instancia en el juzgado de Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa, y en segunda instancia. Además, el juicio estaba fuera del radar de la gestión kirchnerista.